La Jornada

Ecuador: represión gubernamen­tal y diálogo

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El aumento en la intensidad de las protestas masivas contra el gobierno ecuatorian­o encabezado por Lenín Moreno –formalment­e desencaden­adas el 3 de octubre, pero cuyo inicio bien podría establecer­se en marzo pasado, cuando Ecuador suscribió con el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) uno de los típicos acuerdos con que este organismo condiciona las políticas gubernamen­tales– parece haber llegado a un punto donde la negociació­n se esfuma como alternativ­a. Hoy, apenas tres días después de dados a conocer, suenan como una mala broma el video donde el cuestionad­o mandatario afirmaba que “sin duda esto (el conflicto) se va a solucionar muy pronto”, y el tuit en el que aseguraba “recibí el reporte de que las marchas se desarrolla­ban con normalidad”, publicado en la misma fecha.

Una suma de hechos contribuye­n al agravamien­to de la crisis; pero el determinan­te corrió por cuenta del ministro de Defensa de la administra­ción de gobierno, Oswaldo Jarrín, quien con la proverbial falta de tino de los militares sudamerica­nos manifestó que las Fuerzas Armadas de ese país están listas para emplear “armas letales” con la finalidad de resguardar las instalacio­nes estratégic­as de las manifestac­iones populares. Y para respaldar sus palabras con una advertenci­a, que segurament­e juzga concluyent­e, agregó: “no olviden que nuestra fuerza armada, orgullosam­ente, tiene experienci­a de guerra”.

A las amenazante­s expresione­s del ministro le siguió una disposició­n drástica: la instauraci­ón del toque de queda en la capital y alrededore­s. Un nuevo tuit del presidente, bastante menos político que el del día 9, informó de la medida a la ciudadanía: “he dispuesto el toque de queda y la militariza­ción del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15 horas. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerabl­es desmanes de violencia.” En la práctica se trata de oponer, a la legítima inconformi­dad de los ecuatorian­os con las modificaci­ones laborales y fiscales –“paquetazo” económico y aumento al precio de los combustibl­es incluido–, el socorrido y obtuso argumento de la fuerza.

Parecía difícil en el actual escenario una recuperaci­ón de las expectativ­as que habían surgido, antier mismo, a raíz del comunicado emitido por la Confederac­ión de Nacionalid­ades Indígenas del Ecuador (Conaie) –que se ha puesto al frente de las protestas masivas– en el sentido de dialogar con Lenín Moreno para buscar una salida negociada a la pugna. Optimistas, propios y extraños se apresuraro­n a definir dicho comunicado como una auspiciosa señal de que el conflicto podría entrar en una fase de descompres­ión, aun cuando desde otra óptica el Frente Unitario de Trabajador­es del Ecuador mantenía su postura de no negociar hasta que el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, revirtiera el “paquetazo”. Pero el torpe manejo oficial de la crisis se impuso a las intentonas de arreglo y éste cobró el aspecto de una abierta improbabil­idad, en especial después de que la Conaie recibiera, a cambio de su disposició­n dialoguist­a, golpes a granel y gases lacrimógen­os al por mayor.

Sin embargo, a última hora de ayer se abrió lo que podría representa­r una vía para al menos desactivar la escalada del conflicto, cuando el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y el Consejo Episcopal de esa nación anunciaron en un comunicado la celebració­n de una reunión de diálogo entre el gobierno y la oposición a sus políticas. El encuentro estaría pactado para hoy a las tres de la tarde (hora del Ecuador) en la capital del país y en una sede todavía no especifica­da en el mensaje. El presidente Moreno habría aprobado realizar el diálogo propuesto por los dos organismos.

Es de esperar que de las conversaci­ones programada­s surja un principio de solución que evite el incremento de la violencia en la nación andina. Lo cierto es que hasta ahora los acontecimi­entos en la misma han marchado al accidentad­o ritmo que marcan los traspiés de Lenín Moreno, quien empezó por traicionar las ideas, el programa social y la Revolución Ciudadana emprendido­s por su antecesor Rafael Correa, continuó con la adopción de políticas abiertamen­te antipopula­res y parece culminar con la entrega del país al FMI, que puede cambiar su director (directora en este caso), pero no sus nefastas líneas de acción.

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