La peor de todas las corrupciones
EN MI TEXTO anterior intenté teorizar sobre el fraude electoral; en él señalé su nacimiento, los agentes del fraude y la coparticipación de los agentes como un elemento esencial. Ahora intentaré analizarlo como un fenómeno de corrupción. Transparencia Internacional dice que el fraude electoral es una “corrupción a gran escala” y tiene razón, porque la violación a la voluntad popular, la alteración de los resultados electorales y la imposición de un gobierno abren las puertas a los peores latrocinios. Como decía Manuel Clouthier: “El que se roba las urnas después se roba las arcas”. Confirmación: el régimen de Carlos Salinas.
LAS ACUSACIONES POR malas prácticas electorales se han venido repitiendo a lo largo del siglo XIX, todo el siglo XX, e incluso hay signos de fraudes y abusos en el siglo XXI, y su historia no se detiene hasta el cercanísimo 2018. A pesar de que el fraude electoral es un gran tema y se ha fijado en el imaginario colectivo, son pocos los estudios serios que lo han explorado. El interés académico se ha concentrado en la estructura jurídica, cuando sabemos que las leyes en México no son capaces de superar a la voluntad del poder. La adicción de los políticos mexicanos a las trampas electorales no es un problema de leyes, sino de cultura.
HAY EL PROPÓSITO de reformar la Constitución y las leyes electorales para considerar al fraude electoral como delito grave, y por lo tanto, capaz de originar la prisión preventiva oficiosa que podría convertirse en una verdadera amenaza disuasiva para quienes pretendan organizar fraudes. Ya se logró la reforma al artículo 19, pero están pendientes las reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
LA ESPERANZA QUE tenemos de hacer efectivo el sufragio efectivo depende de tres elementos: 1) la voluntad del gobierno federal de no intervenir en los procesos electorales; 2) que esta voluntad sea respetada por los gobiernos locales en todos los procesos; y, 3) que exista un pacto implícito o explícito de los distintos agentes políticos de respetar y no alterar los resultados electorales. Y dejar atrás, al fin, el rasgo de barbarie que significa la delincuencia electoral. Colaboró Meredith González A.