Asegura Chavira Rodríguez ser objeto de persecución desde mandato de Duarte
Solicita que se investigue y sancione a magistrados que han incurrido en irregularidades
Presuntamente perseguido por la justicia de Chihuahua desde 2012, cuando César Duarte Jáquez gobernaba la entidad, el empresario Carlos Javier Chavira Rodríguez – quien obtuvo un amparo definitivo respecto de una orden de aprehensión–, sigue combatiendo a los que lo denunciaron y ahora también, decisiones del Poder Judicial de la Federación (PJF) porque no se da cumplimiento a la sentencia con la cual se determinó la cancelación del mandamiento en su contra.
La defensa del empresario presentó una queja al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y solicitó que investigue y sancione a los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado con sede en Ciudad Juárez, al considerar que han incurrido en irregularidades que violan diversos artículos de la Constitución.
Chavira Rodríguez, quien se encuentra en Estados Unidos desde 2013, aseguró a La Jornada que es objeto de una persecución desde el mandato de César Duarte (20102016), en combinación con la dirigencia nacional del organismo empresarial ya que con ello se impidió que participara en aquel año en la elección para dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La queja trascendió luego de que el jueves pasado el ministro Arturo Zaldívar, presidente del PJF, anunció que como parte de la estrategia de combate a los actos de corrupción que existen en los órganos de impartición de justicia, fue suspendido el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo al detectarse graves inconsistencias en sus reportes financieros. El CJF detectó movimientos irregulares que superan los 100 millones de pesos.
En 2012, Chavira Rodríguez, fungía como presidente del Centro Empresarial de Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue acusado de cometer un presunto fraude por más de 20 millones de pesos, pero el juez quinto de distrito en Ciudad Juárez otorgó la protección de la justicia federal dentro del juicio de amparo número 369/2014-IV, sin embargo a la fecha los órganos jurisdiccionales no han dado cumplimiento a esa decisión.
Durante una videoconferencia, Chavira Rodríguez dijo que su caso judicial inició por su negativa a entregarle al ex gobernador César Duarte Jáquez, 25 millones de pesos a cambio de no ser acusado de malversar los fondos que se destinaron a diversas actividades que promovían la imagen de Ciudad Juárez.
Durante su gestión, Chavira Rodríguez impulsó la primera ExpoEncuentro empresarial, cultural y deportivo Juárez competitiva, un acto organizado y ejecutado con recursos públicos y privados por el Centro Empresarial CoparmexCiudad Juárez, que incluyó un concierto del grupo musical Maná, y conferencias del ex jefe de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, y el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.
La queja, de la cual posee copia La Jornada, señala que indebidamente los magistrados María Teresa Zambrano Calero, Héctor Guzmán Castillo e Ismael Ruiz, realizaron acciones contrarias a derecho al no ratificar la validez de un juicio de amparo que de manera definitiva ordenó la cancelación de la orden de aprehensión librada como parte de la causa penal número 339/2013.
Según el empresario, quien radica en El Paso, Texas, “en al menos cinco ocasiones a lo largo de estos años, la Fiscalía General Justicia del estado de Chihuahua ha pretendido llevarme a prisión por un delito que no cometí y que así quedó demostrado en un juicio de amparo cuya sentencia no ha sido cumplida, y en el tribunal se han emitido resoluciones contrarias a derecho que violan mis garantías”.
En el recurso presentado ante el órgano judicial se menciona que los impartidores de justicia incurrieron en “falta agravada por la consistente en aceptar consignas de autoridades estatales al influjo de personas de la iniciativa privada, subordinándose a aquéllas con pérdida de la dignidad, imparcialidad y profesionalismos propios de la función, que debieron preservar en el desempeño de sus labores”.
Actualmente, la resolución del Primer Tribunal Colegiado con sede en Ciudad Juárez, ha permitido que el gobierno de esa entidad sea considerado como víctima del presunto fraude, aunque en el amparo se resolvió que no era parte en el juicio.