Primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
La Ley de Ciencia y Tecnología vigente se emitió en un contexto geopolítico, económico, tecno-científico y ambiental muy distinto al actual, con principios y objetivos que no coinciden necesariamente con la pluralidad, las exigencias éticas y epistemológicas, ni con el compromiso que la sociedad demanda de los científicos y tecnólogos frente a los desafíos de la humanidad.
Durante 18 años, la normativa y las políticas del gobierno no facilitaron la articulación de las capacidades y recursos nacionales en ciencia, tecnología e innovación (CTI) para lograr soberanía científica e independencia tecnológica; tampoco acortaron la brecha de género ni de empleo en el sector. No hubo planeación estratégica para acoplar la formación de nuevos científicos con la disponibilidad de puestos laborales. Esto llevó a una gran “fuga de cerebros”: la inversión pública de más de 200 mil millones se volvió un pasivo, con 1.2 millones de mexicanos altamente calificados, más de 900 mil con título universitario, más de 300 mil con posgrado, y más de 30 mil colegas en puestos de liderazgo en Estados Unidos.
Las administraciones anteriores no regularon ni dieron seguimiento efectivo al uso de tecnologías potencialmente nocivas para el ambiente, la salud y los procesos bioculturales. Tampoco fomentaron la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos o su fiscalización adecuada.
Se le apostó al mercado y a la vinculación entre el gobierno y la academia con el sector privado, pero sin la participación informada e incluyente de la comunidad, y sin garantizar el acceso universal al conocimiento y sus beneficios o la eficiencia.
En el sexenio anterior, México pasó del lugar 63 al 56 en gasto público de CTI a escala mundial. No obstante, perdió 16 lugares en el índice de eficiencia de innovación, al descender del puesto 56 al 72. En un país pobre y con desigualdades abismales, ¡se gastó más en CTI pero se disminuyó en eficiencia de innovación!: 77 por ciento del gasto fue público y sólo 19 por ciento privado. ¡Se transfirieron al menos 35 mil 175 millones a particulares y se adoptó tecnología obsoleta, no pertinente y riesgosa! En contraste, en 2017 y 2018, para la ciencia de frontera, la transferencia fue nula, cuando el apoyo a la ciencia es fundamental para desarrollar tecnología de vanguardia y pertinente, superar la dependencia al fortalecer los medios de producción y lograr la soberanía nacional que buscamos ahora.
En cambio, la reforma constitucional de 2019 y el PND 2018-2024 ubica a las actividades del sector en las coordenadas del derecho humano a la ciencia y un nuevo paradigma de ciencia honesta y rigurosa, pública: comprometida, social y ambientalmente, con el interés público nacional, democrática, forjada sobre firmes principios éticos y epistemológicos
Ciencia ética, acertiva y transparente en el manejo de recursos
En paralelo, la plataforma del Conacyt para recabar propuestas institucionales se abrió el 31 de enero y desde el 21 de febrero es de acceso libre. La convocatoria inicial incluyó a secretarías de Estado, centros públicos de investigación, universidades, instituciones de educación superior, academias, organismos estatales y organizaciones empresariales. A la fecha se han recabado casi 100 propuestas.
La expedición de la primera ley general de HCTI impactará en el entendimiento, el lenguaje y las interacciones del ecosistema nacional de CTI. Es una oportunidad histórica para vincularlo con las necesidades del país entero, democratizar el sector y arraigar en su seno la honestidad, el rigor metodológico, el pluralismo epistémico, el compromiso socio-ambiental, la transparencia, el uso responsable de los recursos y la rendición de cuentas.
*Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología