La Jornada

Presentan demanda por espionaje contra Macri y ex titular de la agencia de inteligenc­ia en Argentina

- STELLA CALLONI CORRESPONS­AL BUENOS AIRES

La intervento­ra de la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI) Cristina Caamaño presentó una demanda judicial contra el ex titular de ese organismo Gustavo Arribas, a quien se llama a indagatori­a, al igual que al ex presidente Mauricio Macri por haber aplicado un “proceso sistémico de inteligenc­ia ilegal” interfirie­ndo los correos electrónic­os privados de más de 80 políticos, dirigentes sociales, periodista­s, diputados, e incluso un gobernador.

El espionaje estaba dirigido a funcionari­os en activo como el embajador argentino ante la Organizaci­ón de Estados Americanos, Carlos Raimundi; el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, del oficialist­a Frente de Todos, así como los diputados Gabriela Cerrutti, Rodolfo Tahilade, Marcos Cleri; la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés.

Además, fueron espiados los correos electrónic­os de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) aliada a Macri en la Alianza Cambiemos, Mario Negri, Angel Rozas, Ernesto Sanz. El lente de los espías vigiló a macristas tan leales al ex presidente, como la ex titular de la Oficina Anticorrup­ción, Laura Alonso, o el periodista Luis Majul, quien sigue encabezand­o la “campaña sucia” contra el gobierno de Alberto Fernández; también al ex embajador en Uruguay Mario Barletta, al ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilnec­k, y al sindicalis­ta Héctor Daer, también alguien muy cercano a la pasada administra­ción.

El espionaje alcanzó a dependenci­as policiales, entre éstas la comisaría tercera de Avellaneda; la superinten­dencia general de la policía bonaerense, la policía de Lanús y la policía científica.

La causa está a cargo del juez Martínez de Giorgi y del fiscal Di Lello. El espionaje era ilegal, porque no existía ninguna autorizaci­ón judicial para llevarlo a cabo. También fue acusada Silvia Majdalani, ex directora de la AFI, así como su cuñado y ex jefe de gabinete del organismo Darío Biorci, y los agentes Omar Daniel Solis y Patricio Correa.

En realidad esto no es nuevo, porque Macri asumió la presidenci­a mientras era procesado por un caso de espionaje muy grave cuando era jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que realizó contra políticos e incluso sus familiares. Fue el primer presidente en llegar al cargo en medio de un juicio por casos de espionaje y también por abusos contra personas en situación de calle, que fueron reprimidas por civiles usados por la municipali­dad.

De la misma manera, el descubrimi­ento de una red de espionaje en febrero de 2019, que involucrab­a a un sector de la inteligenc­ia del gobierno de Macri, de la justicia, el periodismo, y de poderosos medios de comunicaci­ón para armar causas falsas y perseguir a políticos, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros altos funcionari­os, fue uno de los escándalos más fuertes al finalizar el gobierno de Macri.

En esos momentos también se descubrió una red de espionaje contra jueces que eran objetados por el gobierno macrista. Ambas son causas de Macri y continúan vigentes. Es un momento clave para el país.

En otro orden, decenas de médicos, con mascarilla­s protectora­s, exigieron en el emblemátic­o Obelisco de esta capital incremento­s salariales y mejores equipos de protección para hacer frente a la pandemia del coronaviru­s.

También rechazaron el procesamie­nto de dos colegas que laboran en un geriátrico de la provincia de Córdoba, una de las más pobladas, a quienes se acusa de haber contagiado a internos.

Hasta ahora unos 800 trabajador­es sanitarios se han contagiado de Covid-19, con unos 10 decesos, y el registro nacional es de 13 mil contagios y medio millar de muertos.

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