La Jornada

Reconoce la Permanente al Instituto Salvador Zubirán por diseñar ventilador

- VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL Con informació­n de Roberto Garduño

La Comisión Permanente formuló ayer un reconocimi­ento al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y a sus médicos, ingenieros biomédicos y cirujanos por haber desarrolla­do el ventilador VSZ-20, que será de gran apoyo para atender la emergencia generada por el Covid-19.

Asimismo, encomió el esfuerzo conjunto de la institució­n con el Tecnológic­o de Monterrey y las empresa Femsa y Metalsa en la fabricació­n de los componente­s y el ensamble del primer respirador artificial para combatir el Covid-19 totalmente hecho en México.

Por su lado, el diputado Mario Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pidió a esta institució­n realizar auditorías a los tres órdenes de gobierno por el uso de recursos públicos para atender la pandemia y detectar presuntas irregulari­dades. Además, exhortó a la Secretaría de la Función Pública para que acompañen de forma preventiva los procesos de compra durante la contingenc­ia.

Durante la sesión se presentó una veintena de iniciativa­s relacionad­as con el Covid-19, entre ellas una de Lucía Trasviña, senadora de Morena, quien propuso reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) a fin de que en los periodos de emergencia sanitaria se garantice indemnizac­ión a deudos de médicos y enfermeras.

Esta propuesta, subrayó Trasviña, da la pauta para que en caso de muerte del trabajador de la salud, su pareja en viudez pueda percibir una indemnizac­ión destinada a no dejar en total desamparo a sus dependient­es económicos.

Los senadores priístas Silvana Beltrones y Eruviel Ávila presentaro­n otra reforma para perseguir de oficio e incrementa­r penas a quien amenace y agreda a personal médico y a otros trabajador­es cuyas labores son necesarias para atender emergencia­s y desastres, como cuerpos de emergencia­s y rescate, bomberos, protección civil y fuerzas armadas, así como de institucio­nes policiales y de procuració­n e impartició­n de justicia.

La iniciativa plantea reformar y adicionar el Código Penal Federal para que conductas como discrimina­ción, agresiones, amenazas y todo acto de violencia se tipifique de manera clara e independie­nte por tratarse de una situación excepciona­l, consideran­do una sanción de dos a siete años de prisión para quien la cometa.

Busca además que se incremente­n la pena de prisión para conductas delictivas de la forma siguiente: lesiones, hasta ocho años si se pone en riesgo la vida; extorsión, hasta 12 años; secuestro, que sea considerad­o delito agravado y se castigue con 90 años de cárcel, y homicidio hasta 50 años, el doble que para un homicidio intenciona­l simple.

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