¿Medir el bienestar?
Las críticas al indicador del producto interno bruto (PIB) per cápita como indicador estrella del desarrollo de un país no son nada nuevo. El economicismo es un mal enfoque cuando se trata de aplicar a todos los aspectos de la vida de una sociedad. El propio Simon Kuznets, inventor del sistema de contabilidad nacional y uno de los primeros economistas que relacionó de manera hipotética el crecimiento económico como causal de distribución del ingreso, admitió, en fecha tan temprana como 1934, que resultaba improcedente calcular el bienestar de un país a partir del incremento a su renta nacional individualizada.
Sin embargo, la pretensión devino parte integrante de la ideología dominante, hasta el punto de que el PIB fue adoptado como rasero prácticamente único del éxito o el fracaso de las administraciones nacionales. Así, por ejemplo, la sempiterna animadversión de los medios occidentales hacia el régimen chino fue hecha de lado por una babeante admiración a los elevados índices de crecimiento de la potencia asiática y las elevadas cifras de su PIB mataron la atención sobre la represión de Tiananmen.
La más obvia de las objeciones a la asociación mecánica entre PIB per cápita y bienestar tiene que ver con que tal indicador es una abstracción matemática y que el promedio no refleja el grado de equidad en la distribución de la riqueza generada: mil dólares de PIB per cápita puede indicar un reparto igualitario de un millón de dólares entre mil personas a razón de mil dólares para cada una, pero también una realidad en la que 999 personas acceden a 100 dólares cada una, en tanto que un solo individuo se queda con 900 mil 100 dólares. La observación aplica directamente a México, donde el PIB per cápita correspondiente a 2018 (cifras del Banco Mundial) fue de 20 mil 616 dólares; en plena igualdad distributiva, esto habría debido significar un ingreso de mil 718 dólares mensuales para cada habitante del país. El célebre coeficiente de Gini tendría que ser un complemento indispensable al PIB para determinar el contexto de igualdad o desigualdad en el que se presenta el crecimiento económico.
Sin duda, la de disfrazar la desigualdad no es la única objeción al PIB y acaso no la más importante. Curiosamente, uno de los primeros que denunciaron en este siglo la absurda inferencia de bienestar a partir de ese indicador fue un reconocido promotor del malestar social: el ex presidente Nicolas Sarkozy, quien en 2008 convocó al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y a otras eminencias, las cuales confirmaron, en un informe de 300 páginas, la improcedencia del disparate. Incluyeron en el documento un ejemplo descarnado y crudo: los embotellamientos pueden hacer crecer el PIB debido al mayor consumo de gasolina, pero empeora el humor de los habitantes de las urbes, por no hablar de la calidad del aire.
Es claro que la medición del ingreso no necesariamente refleja grados de bienestar, que no toma en cuenta factores como salud (física y mental), educación, armonía con la sociedad y con el mundo ni grado de satisfacción personal o colectiva. Hay multimillonarios profundamente infelices y personas que con recursos materiales limitados, modestos e incluso escasos manifiestan un grado razonable de bienestar. Y es que si bien
El “censo” del bienestar tendría que ser un ejercicio colectivo hecho de arriba hacia abajo que necesitaría criterios de homologación para lograr una evaluación nacional consistente
existen factores que son universalmente indispensables para lograrlo –alimentación, vivienda, educación, salud–, muchos otros difieren de país a país, de región a región y de cultura a cultura.
Hasta ahora, el principal problema al que se han enfrentado los múltiples intentos por determinar el bienestar de los países es la dificultad intrínseca de cuantificar algo que existe y es real, pero que escapa a toda medición posible porque pertenece al terreno de una experiencia personal o colectiva en la que los parámetros varían de persona a persona, de familia a familia, de municipio a municipio e incluso de religión a religión.
Una primera consideración derivada de esta dificultad es que tal vez resulte imposible determinar el bienestar nacional a partir de un modelo predeterminado por una autoridad y que deben ser las colectividades de la base social las que diseñen sus propios instrumentos para calificar su satisfacción o insatisfacción con el entorno inmediato, con las instituciones, con las condiciones materiales y con la vida en general. De esa forma, el “censo” de bienestar, por llamarle de alguna manera, tendría que ser un ejercicio colectivo y de abajo hacia arriba que necesitaría, más que métodos de medición, criterios de homologación para lograr una evaluación nacional consistente. De todas formas, acaso el producto principal del procedimiento no sería una cifra ni una flecha en una escala, sino un mapa tridimensional, o de múltiples capas, en el que se reflejaran los estados de ánimo del conjunto de la nación.
Puede ser así o de otras maneras, pero es un desafío muy estimulante.
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