Por sus actividades esenciales los reconoceréis
Recientemente se ha cuestionado a la Secretaría de Salud por declarar, en plena emergencia sanitaria, “actividades esenciales” a la minería, la industria automotriz y la construcción, medida que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores de esas industrias presuntamente esenciales ( La Jornada, 22/5/20). Así, las presiones de las corporaciones capitalistas en el ámbito planetario para reabrir la extracción de recursos, la producción y circulación de mercancías, encontraron anuencia en el gobierno de la 4T, que también ha sido omiso en el campo de la salud ocupacional, relativo al control del Covid-19 en enclaves maquiladores de la frontera norte y otros sectores manufactureros, donde se ha dado un contagio masivo de los operarios por la negativa de la patronal a cerrar sus plantas, llegando, incluso, al ocultamiento forzado del personal en tráileres y bodegas, ante “inspecciones” someras, cercanas a la complicidad, como ha sido denunciado con testimonios y evidencias gráficas en redes de diversas organizaciones sociales.
El gobierno estadunidense, por su parte, ha presionado para la reapertura de maquilas, en ese país consideradas esenciales durante la crisis sanitaria, y debido a que el cierre del lado mexicano afecta los intereses de sus contrapartes del norte. En particular, al Departamento de Defensa (sic) de nuestro buen vecino, le urge la reapertura de maquiladoras que fabrican componentes utilizados en su industria militar.
Particularmente indignante, en el marco de la 4T, es considerar como “actividad esencial” a la minería, tomando en cuenta que, a juicio de especialistas como Carlos Rodríguez Wallenius, las prácticas y los marcos de actuación de las empresas mineras “son fundamentales para entender el modelo de acumulación por desposesión, como un mecanismo de explotación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y el despojo de recursos comunitarios” (Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Brasil, 2010).
En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las
El gobierno de EU presiona para reabrir
que fabrican materiales utilizados en su industria militar
compañías mineras dejan una secuela de millones de toneladas de tierra y rocas con efecto tóxico, removidas en extensas áreas de operación, con el consecuente deterioro del hábitat y del entorno social: contaminan ríos, presas y drenajes con desechos venenosos; acaparan el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de riesgo extremo; utilizan la llamada “ingeniería de conflictos”, que incluye, incluso, la contratación del sicariato para enfrentar opositores y controlar territorios. Todo ello, a cambio de los escasísimos ingresos que reciben los pobladores afectados (de 0.6 a uno por ciento, entre rentas y apoyos), quienes son manipulados para permitir las explotaciones, ante la necesidad imperante y la corrupción de “líderes” o caciques que se prestan para servir a esas corporaciones, en su mayoría canadienses (77 por ciento del total en México).
En esta dirección, es pertinente recordar el Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias, que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social de la ONU, encargó a Saúl Vicente Vázquez, en mayo de 2013. El informe ha sido significativo, principalmente por el hecho de que una instancia internacional del peso de la ONU repare en un conflicto de graves consecuencias políticas, jurídicas, sanitarias, so