Personal de salud de Matamoros reclama equipo y salarios dignos
Tras la muerte de un enfermero por Covid-19, personal médico del hospital general Alfredo Pumarejo, de Matamoros, Tamaulipas, protestó ayer en demanda de equipo para atender a enfermos de coronavirus, basificación para trabajadores eventuales y salarios dignos.
Elizabeth Castillo, enfermera desde hace siete años en el nosocomio, ubicado en la colonia Lucero, reveló que gana 2 mil 700 pesos a la quincena y con su dinero debe comprar equipo de protección para evitar contagios. Junto con otros trabajadores, se manifestó fuera del hospital tras el fallecimiento de Alberto Arredondo Cruz, de 35 años, quien se infectó en el área de urgencias.
Alberto tenía siete años de laborar en el hospital sin haber obtenido su plaza y no tenía seguridad social. Falleció el 31 de mayo en la clínica 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Reynosa. A su vez, la médica Silvina Galván dijo que lleva cuatro años sin base, y que como ella hay otros 100 profesionales de la salud en Matamoros.
De igual forma, personal del Centro Médico Adolfo López Mateos de Toluca, estado de México, protestó nuevamente por falta de insumos e insuficiencia de médicos y enfermeras, pues muchas de ellas están de incapacidad porque se contagiaron de Covid-19.
En la protesta de ayer sólo participó una veintena de empleados, pues el director amenazó con tomar represalias si volvían a manifestarse. La preocupación se debe a que escasean cubrebocas, guantes y trajes especiales.
Indicaron que enfermeras, camilleros y médicos enfermaron de Covid-19 y les dan incapacidad por 20 días, situación que aumenta las cargas de trabajo para quienes atienden a los contagiados, y les cancelaron el servicio de comedor.
Demandaron también la basificación de trabajadores con dos o tres años laborando bajo contrato, y pago para los recién contratados por el Instituto de Salud y Bienestar federal asignados a la capital mexiquense, porque desde hace un mes no reciben salario.
En tanto, el congreso de Morelos reformó el Código Penal del estado para endurecer las sanciones contra agresores del personal de salud. Las lesiones se castigarán con penas de siete y medio a 15 años de prisión, y la discriminación con uno a cuatro años de cárcel. En caso de homicidio, el agresor será enviado 60 años al prisión .