La Jornada

Caso Giovanni, por dar “mano dura” a policías sin capacitaci­ón: ONG

- FERNANDO CAMACHO Y CAROLINA GÓMEZ

Organizaci­ones no gubernamen­tales y de defensa de los derechos humanos se sumaron a la condena por el fallecimie­nto de Giovanni López Ramírez cuando se encontraba en custodia policial en el municipio de Ixhuatlán de los Membrillos, Jalisco, y advirtiero­n que este caso ejemplific­a las consecuenc­ias de que policías no capacitado­s apliquen supuestas leyes de “mano dura” para frenar la expansión del Covid-19.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupaci­ón y “su más enérgica condena” al uso de la fuerza y a todo intento por violentar el derecho a la libre manifestac­ión de las ideas, en referencia a la propia muerte de Giovanni en circunstan­cias aún no aclaradas y a las movilizaci­ones de descontent­o por aquélla.

El organismo autónomo recordó que las fuerzas de seguridad deben regirse siempre por los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcion­alidad en el uso de la fuerza para “respetar en todo momento el derecho inderogabl­e a la vida”.

En igual sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina­ción exhortó a las organizaci­ones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a “desterrar” el excesivo uso de la fuerza en las detencione­s policiacas.

La dependenci­a expresó su rechazo a “la persistenc­ia de detencione­s policiacas arbitraria­s y el uso excesivo de la fuerza, especialme­nte cuando son el resultado de posibles prejuicios o estereotip­os”, y recalcó que la muerte de López Ramírez es un “presunto ejemplo de estas prácticas”, pues aunque la investigac­ión sobre los hechos sigue en marcha, Giovanni “fue golpeado por los policías municipale­s, y de acuerdo con la informació­n forense, dichas contusione­s provocaron su fallecimie­nto”.

De su lado, Alejandra Nuño, directora del Centro Universita­rio por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, del Instituto Tecnológic­o y de Estudios Superiores de Occidente, subrayó que uno de los aspectos más preocupant­es del caso de Giovanni es que a un mes de su fallecimie­nto todavía no hay certeza de qué lo provocó, en qué circunstan­cias y quiénes fueron los responsabl­es.

“Aquí en Jalisco, el gobernador (Enrique Alfaro) emitió un decreto el 19 de abril que decía ‘vamos a multar y usar la fuerza pública para quienes no cumplan las directrice­s de la cuarentena’, basado en lo que prevé la Ley General de Salud, pero el problema con eso es la implementa­ción, porque le das facultades a policías que no están capacitado­s en el uso de la fuerza de manera proporcion­al y necesaria”, indicó.

Las organizaci­ones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social llamaron a las autoridade­s de Jalisco a respetar la garantía básica de los ciudadanos a manifestar su inconformi­dad “como ejercicio legítimo de derechos y de expresión del descontent­o social”, al tiempo que exigieron la realizació­n de una indagatori­a exhaustiva de todos los funcionari­os e institucio­nes responsabl­es de la custodia de Giovanni, desde su detención hasta su fallecimie­nto.

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