Alfaro: represión e irresponsabilidad
Jalisco se encuentra sumido en un círculo vicioso de violencia represiva: la brutalidad policial que llevó a la muerte del albañil Giovanni López desató manifestaciones de indignación ciudadana en la capital del estado, y las autoridades pretenden neutralizar el descontento social mediante una represión sistemática de las protestas en la que se hace patente el desmedido uso de la fuerza pública. Durante jueves y viernes, los uniformados han cometido violaciones como arrojar piedras y otros objetos contra los manifestantes, amenazar con matarlos, realizar detenciones arbitrarias, acudir a las concentraciones vestidos de civil para golpear a los asistentes y, en suma, han mostrado una notoria incapacidad para lidiar con las protestas en un marco de respeto a los derechos humanos.
El 4 de mayo policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvieron a Giovanni López por motivos que hasta ahora no han sido aclarados. Al día siguiente, su cuerpo apareció en el Hospital Civil de Guadalajara, donde una autopsia determinó como causa de la muerte traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones, entre las que se cuenta un disparo en la pierna. De acuerdo con los familiares, la detención de Giovanni se produjo debido a que el trabajador no portaba cubrebocas, por lo que el homicidio se inscribiría en la serie de arbitrariedades y abusos de autoridad que ha marcado la aplicación del acuerdo de “tolerancia cero”, publicado el 19 de abril por el gobernador Enrique Alfaro con la finalidad de hacer obligatorio el uso de las mascarillas de protección en la entidad.
Durante un mes, los gobiernos estatal y municipal apostaron a que el crimen quedase impune y fuese finalmente olvidado. Pero el descontento social, que ya venía fermentándose por los modos autoritarios y violentos con que se pretendió hacer efectivo el decreto del mandatario, estalló después de que se difundiera un video del momento en que los policías de Ixtlahuacán arrestan a Giovanni López y lo obligan a subir a una patrulla, con lo cual el joven se convirtió en símbolo de la represión generalizada que tiene lugar en el estado.
La actuación del gobernador en torno al caso ha sido sintomática de su proceder desde que llegó al palacio de gobierno: en un primer momento eludió su responsabilidad bajo la especie de que los elementos involucrados no pertenecen a corporaciones estatales, sino a la municipal, pese a que fue él quien trasladó a los ayuntamientos la tarea de hacer cumplir la “tolerancia cero”. Posteriormente, en unas declaraciones que recuerdan los pasajes más oscuros del autoritarismo del siglo pasado, acusó a los manifestantes de ser infiltrados foráneos que responden a “intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder”.
Está claro que ya no basta con la detención de los presuntos responsables del asesinato de Giovanni López, sino que también debe investigarse y sancionarse a todos los elementos –incluidos los mandos– involucrados en abusos de fuerza durante las jornadas de represión policiaca que se han sucedido en la capital jalisciense. Asimismo, resulta urgente que el gobernador se haga cargo de lo que ocurre en la entidad y, en primera instancia, de las consecuencias de su decisión de encarar la emergencia sanitaria echando mano de medidas coercitivas.