Una salida apegada a derechos

Las acciones económicas para salir de la crisis no son sólo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno

Estamos en la cresta de la pandemia del Covid-19. Nadie sabe cuánto durará. Todos ansiamos que llegue su final, pero conforme éste se aproxime será más urgente construir alternativas para salir de la crisis, cuyas primeras manifestaciones apenas vemos, y cuya superación generará menor sufrimiento, en cuanto las estrategias puestas en práctica sean más creativas y de diseño más inclusivo. Nadie puede estar exento del esfuerzo de proponer y dialogar para alcanzar acuerdos, y nadie, mucho menos los responsables de las decisiones, pueden ser omisos en la escucha de los diversos planteamientos, y en la voluntad de convencer y dejarse convencer, con el criterio del máximo bien de las personas, basado en el respeto y garantía de sus derechos.

Es alentador el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formularon a la sociedad civil y al gobierno sobre la necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia sea integral y apegada a los derechos humanos. Además del valor de los argumentos, es importante el testimonio de décadas de lucha social de todos los firmantes –personas y organizaciones– en los más diversos campos del reclamo de justicia para los excluidos y los desiguales. Promovida originalmente por un grupo de personas identificadas como “La 4D”, por su referencia a la letra inicial de los vocablos: Derechos, Democracia, Desarrollo y Diversidad, llaman a la sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno a “abrir, con el mejor de los compromisos, espacios de diálogo, interlocución y colaboración que permitan al país transformar la actual situación que aflige a millones de personas”.

“Será de suma importancia –añaden– compartir nuestras reflexiones y coordinar nuestras acciones”. El llamado no apela de manera ingenua a gestos de buena voluntad, sino que formula propuestas específicas para reformas y cambios que vayan a fondo. “Consideramos –dicen– que éste es el momento para comprometerse en serio con reformas estructurales para una justicia redistributiva, incluidas las tributarias progresivas, donde se requiera a los depositarios de grandes fortunas y a los grandes conglomerados corporativos contribuir con la sociedad en una medida proporcional a su riqueza”. “Es también –añaden– momento de profundizar en la democracia como condición de la fortaleza de la sociedad y de su Estado”.

Hay un tercer asunto de interés, derivado de una característica de quienes formulan el llamado, y obliga a una interpretación más amplia de las implicaciones de sus propuestas: su gran mayoría tiene una reconocida trayectoria en la izquierda social. Aquella que no se desarrolló principalmente en los partidos políticos ni en los procesos electorales, sin que nieguen su utilidad, sino en los procesos organizativos y reivindicatorios de derechos de los diversos agrupamientos sociales. Su intervención, más que política, ha ocurrido invariablemente en los momentos de emergencia social, por ejemplo, en la situación generada por los sismos, en el levantamiento indígena en Chiapas, en el reclamo por las personas desaparecidas y en muchos momentos dolorosos para la sociedad, particularmente para los sectores excluidos.

Este tercer elemento podrá contribuir a ubicar las diferencias en el nivel que corresponde. No se trata de un pleito entre dos, sino de construir un arreglo entre todos. Se trata del futuro del país. En el boletín de prensa, con el que presentó el lunes el llamado, se señaló: “no apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. No compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo, como un espacio de la izquierda social, reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas. Por lo que pedimos a las autoridades escuchar y debatir con base en las ideas las propuestas desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar argumentos y sin menospreciar planteamientos, por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial”. No únicamente la sociedad, sino la propia izquierda, son diversas.

En el pasado las posiciones distintas se consideraban como indisciplina. Hoy son signos de democracia, y ésta genera fortaleza. La construcción de alternativas requiere que la izquierda se ponga de acuerdo. Esto es necesario, pero no suficiente. El diálogo debe ser entre todos: “las acciones de índole económica para salir de la crisis no son sólo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno. Lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador”.