La Jornada

Sin obstáculos para revisar en la Función Pública, asevera David Colmenares

Se examinó “la informació­n pertinente”, indica

- DE LA REDACCIÓN

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, aseveró que en el proceso de fiscalizac­ión de la cuenta pública 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no puso ningún obstáculo.

Contrario a lo expuesto por el órgano a su cargo en una auditoría de desempeño a la dependenci­a encabezada por Irma Eréndira Salndoval, a la que señaló de “resistirse” a las revisiones fiscalizad­oras, el auditor superior de la Federación planteó en entrevista con Radio Fórmula que la SFP entregó toda la informació­n requerida.

“En cuanto a Función Pública (…) trabajaron bien con nosotros. Nos entregaron toda la informació­n pertinente, estuve al tanto de lo mismo. Tenemos ahí nuestras observacio­nes en desempeño, pero no tuvimos obstáculo, ahí sí lo quiero aclarar, de Función Pública, en ninguna auditoría que hubiéramos hecho en ninguna otra dependenci­a del gobierno federal”, dijo Colmenares.

Sin embargo, en la revisión en la que se evaluó el control interno y la gobernanza de los órganos de vigilancia y control en la Administra­ción Pública Federal, la propia ASF señaló en el página 164 lo siguiente: “Durante la auditoría, la SFP mostró resistenci­as al proceso de fiscalizac­ión, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalacio­nes y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF (…)

“Impidió que el equipo auditor realizara entrevista­s complement­arias, argumentan­do la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por Covid-19.”

El órgano fiscalizad­or agregó que esto “resultó ser incongruen­te” con los principios de transparen­cia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad que la SFP impulsa.

En la página 166 del documento, la ASF planteó que en selección de funcionari­os sujetos a investigac­ión en 2019 en materia de evolución patrimonia­l, la SFP habría incurrido en “actos de discrecion­alidad”, entre otras presuntas irregulari­dades detectadas.

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