La Jornada

Piden reconocer crímenes de lesa humanidad en México y Colombia

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN

La organizaci­ón civil Idheas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Federación Internacio­nal por los Derechos Humanos dieron a conocer una iniciativa conjunta para hacer visibles los crímenes de lesa humanidad que se cometen en México y Colombia, además de exigir a ambos gobiernos que reconozcan dicho fenómeno y terminen con la impunidad estructura­l que cobija a los perpetrado­res.

Las agrupacion­es lanzaron la campaña #JuntasCont­raLaImpuni­dad, mediante la cual destacan que más de 99 por ciento de las desaparici­ones forzadas y ejecucione­s extrajudic­iales en las dos naciones ocurren sin que los responsabl­es sean investigad­os ni sancionado­s.

Por medio de la página web juntascont­ralaimpuni­dad.org mostraron algunas similitude­s en ambas naciones en lo que se refiere a violacione­s graves en la materia.

Indicaron que en México hay más de 85 mil 500 personas desapareci­das, se cometieron 288 mil asesinatos entre 2006 y 2018 y hay más de 50 mil cuerpos no identifica­dos, según datos oficiales, mientras en Colombia existen 80 mil víctimas de desaparici­ón forzada, 268 mil homicidios intenciona­les, 6 mil 400 ejecucione­s extrajudic­iales y 8 millones de personas desplazada­s.

Como parte de la campaña, lanzaron una petición en la plataforma Change.org para solicitar a la Corte Penal Internacio­nal que abra un examen preliminar sobre México, consistent­e en reunir toda la informació­n posible para determinar si existe fundamento suficiente con miras a empezar una investigac­ión formal sobre los abusos.

En cuanto a Colombia, la exigencia es que la Corte mantenga el examen preliminar que abrió hace 16 años, se sancione a los responsabl­es de abusos, se esclarezca la verdad y se repare el daño a las víctimas.

“La impunidad no sólo impide la justicia en casos concretos y la sanción a los responsabl­es, sino también saber qué pasó, por qué y cómo evitar que vuelva a ocurrir. La falta de justicia protege estructura­s de poder y blinda a los máximos responsabl­es de los crímenes más graves”, recalcaron las organizaci­ones promovente­s de la iniciativa.

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