Reporta Senado 3 mil 100 millones de ciberataques de enero a junio de 2020
El Senado solicitó al Ejecutivo federal que, por medio de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, informe el estado que guarda la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
El dictamen aprobado en la última sesión del periodo ordinario de sesiones, celebrada el 29 de abril pasado, destaca que en México, durante el periodo de enero a junio de 2020, se registraron 3 mil 100 millones de intentos de ciberataques a empresas, instituciones financieras y gubernamentales, derivado de las medidas de confinamiento y el trabajo a distancia.
Entre los ataques más comunes se encuentran la obtención de contraseñas de correo electrónico, credenciales de redes sociales y acceso a Wi-Fi; además, se registró un aumento de campañas de phishing por medio de correo electrónico relacionadas con el Covid-19.
Suben 157% delitos contra menores de edad
El texto refiere que la Guardia Nacional estimó que los delitos cibernéticos cometidos contra menores de edad aumentaron 157 por ciento. Ese cuerpo de seguridad, agrega el documento, también informó que el delito de pornografía infantil aumentó en 73 por ciento.
Se indicó que según el segundo Informe de Gobierno 2020 fueron remitidas 50 denuncias a las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y trata de personas en 18 entidades federativas, lo que ha permitido identificar a probables responsables.
Agrega que se atendieron 98 mil 881 incidentes cibernéticos y desactivaron 5 mil 88 sitios web que usurparon la identidad de instancias financieras y gubernamentales el año pasado.
Derivado de las ciberinvestigaciones, se indica, fueron presentadas 65 denuncias ante la autoridad competente: 50 por pornografía infantil, seis por trata de personas, cuatro por acoso sexual, tres por violación a la intimidad sexual, una por abuso sexual y otra más por corrupción de menores.
Ante ese escenario, el Senado consideró que el reto de la ciberseguridad es de enormes proporciones, por lo que tanto el Estado mexicano en su conjunto, así como los diversos sectores de la sociedad, deben actuar de manera coordinada para combatir este problema.