Avala la Suprema Corte clases presenciales en Buenos Aires, pese a pandemia del Covid
El máximo tribunal adjudica a Grupo Clarín la decisión de aumentar tarifas
El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que continuará “cuidando la salud de los argentinos por más que se escriban muchas hojas de sentencia”, en respuesta a un sorprendente fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la posición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de mantener las clases presenciales, a pesar de la grave situación sanitaria, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó la resolución de “golpe de Estado contra las instituciones”.
En el mismo fallo, el máximo tribunal adjudicó al monopolio mediático del Grupo Clarín la decisión de aumentar los precios de sus tarifas de Internet, cable y celular cuando lo decida, desconociendo la resolución del presidente Fernández que estableció que debían considerarse como un servicio público para toda la población.
En momentos que se vive la peor ola de contagios de Covid-19, cuando es necesario tomar medidas de restricción y las cifras de infectados oscilan entre 26 mil y 29 mil diarios, con casi mil fallecidos entre lunes y martes, superando todas las cifras del año pasado, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, de la opositora Cambiemos (Juntos por el Cambio) decidió ordenar el retorno a las clases presenciales, desconociendo el decreto presidencial que establecía dos semanas de suspensión.
La mayoría de las provincias adoptaron las decisiones presidenciales, salvo la ciudad de Buenos
Aires y la provincia de Mendoza, también gobernada por la oposición. En ambos lugares la epidemia alcanzó los más altos índices desde 2020. Ahora se llegó a la cifra de 65 mil muertos desde que comenzó la pandemia.
En este momento, después de todos los esfuerzos realizados por el gobierno nacional, haciéndose cargo de ayudar a los hospitales de esta capital, abandonados a su suerte por el gobierno porteño, los medios ligados a la oposición (la amplia mayoría) se convirtieron en una permanente incitación a violar todas las normas y protocolos sanitarios.
A pesar de las huelgas de los docentes, las escuelas, especialmente las privadas, siguen funcionando con escasa asistencia, pero llevan a circular a casi un millón de personas, mientras en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, hay suspensión de clases presenciales hasta el 21 de mayo.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que la Corte Suprema ha decidido que el Poder Ejecutivo Nacional “no tiene competencia para tomar medidas sanitarias. Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte?
“Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”, añadió.
El presidente Fernández anunció la reactivación de una política educativa iniciada en el pasado gobierno de Fernández de Kirchner Conectar Igualdad, descontinuada por Macri, en la cual se entregaban computadoras a los estudiantes.
En la resolución de la Corte, cuyo presidente, Carlos Rosenkrantz, fue nombrado por decreto de Mauricio Macri, no menciona la pandemia ni siquiera la emergencia sanitaria, sino el tema educativo, como si lo dictado por el presidente no correspondiera a una situación gravísima, además, es claramente constitucional.
La Corte ni siquiera menciona la constitucionalidad que ampara al decreto presidencial, sino que sostiene “que no hay suficientes fundamentos” para suspender las clases, cuando esta ciudad es la que tiene más contagiados y más muertos.
Por otra parte, el gobierno nacional, después de analizar todas las irregularidades del fallo, recordó que la ciudad de Buenos Aires tenía facultades para adoptar medidas que aliviaran la situación y el aumento de casos en el Gran Buenos Aires, y generó una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar, en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud.
En una fuerte reacción diversos sectores políticos y académicos rechazaron esta decisión de la Corte; en su mayoría la consideraron un golpe de Estado contra las instituciones que deja ver una posición que la ubica violando una y otra vez normas jurídicas y pasando por sobre los otros poderes.