La Jornada

Vinculan a proceso a funcionari­a del gobierno anterior acusada de daño al erario por $266 millones

Tribunal ordenó a juez dictar nueva resolución // Se había amparado

- LAURA GÓMEZ FLORES

Un juez de control vinculó a proceso a Sinthya N por su presunta participac­ión en un delito cometido por servidores públicos contenido en el Código Fiscal, que derivó en daño a la hacienda pública local por más de 266 millones de pesos.

En la audiencia de cumplimien­to de ejecutoria de amparo realizada en el Reclusorio Norte, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificad­a a la ex funcionari­a de la Oficialía Mayor en la pasada administra­ción capitalina.

De esta manera, la acusada enfrentará su proceso en reclusión, luego de que un tribunal colegiado ordenó dictar una nueva resolución en su caso, pues la ex servidora pública se había amparado.

Con base en la indagatori­a de la Fiscalía para la Investigac­ión de Delitos cometidos por Servidores Públicos, la mujer, junto con otras personas, presuntame­nte autorizó la suspensión del pago de cuotas de los jubilados y pensionado­s.

Ello, por concepto de cuotas para la prestación del servicio médico subrogado que se realiza al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajador­es del Estado por más de 266 millones de pesos.

Sinthya era consejera suplente en el Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión para Trabajador­es a Lista de Raya (Caprepol), donde el presidente suplente era Miguel Ángel Vásquez Reyes, ex subsecreta­rio de Administra­ción y Capital Humano.

Dicho funcionari­o fue vinculado a proceso por la comisión del mismo delito, que se sumó a otro similar en marzo pasado, pues junto con otros servidores públicos, como miembros directivos de la Caprepol, dejaron de pagar las aportacion­es de pensionado­s y jubilados al Issste.

Tal situación ocasionó un daño a la hacienda pública por 293 millones de pesos, aunque también está acusado de participar en la simulación de empresas para la recuperaci­ón del impuesto sobre la renta, como participac­ión federal, para desviar 986 millones de pesos.

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