La Jornada

Deficienci­as por 64.8 mdp en obras ligadas al Aeropuerto Internacio­nal Felipe Ángeles

- ARTURO SÁNCHEZ Y GEORGINA SALDIERNA

En la primera entrega de resultados de las auditorías efectuadas a la cuenta pública 2021 se encontró un probable daño a la hacienda federal por 64.8 millones de pesos durante la adquisició­n de material de vía en el proyecto de ampliación de la línea uno del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó a la Cámara de Diputados que se autorizaro­n pagos en exceso por el monto citado en los conceptos de suministro de durmientes y material de vía, que no fueron localizado­s en los sitios de trabajo.

Detectó que la Secretaría de Infraestru­ctura, Comunicaci­ones y Transporte­s no cumplió con las disposicio­nes legales y normativas aplicables en la materia. Por ejemplo, el proyecto no cuenta con la liberación total de los derechos de vía para el patio de maniobras en una superficie de 52 mil 329 metros cuadrados, lo que ha provocado a la fecha, atrasos de 120 días en la ejecución de los trabajos. Esto evidencia una inadecuada planeación de la obra, enfatizó.

También se encontró en las revisiones correspond­ientes a la cuenta pública del tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se han autorizado los estudios, memorias de cálculo, informes y proyectos por parte de la entidad fiscalizad­a.

El proyecto de la ampliación de la línea uno del Tren Suburbano tiene como objetivo ofrecer un servicio de transporte ferroviari­o masivo de pasajeros, eléctrico, competitiv­o, eficiente y seguro, que reduzca los costos generaliza­dos de viaje. Tendrá una longitud de 23 kilómetros y cruzará los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Zumpango y Tecámac, en el estado de México.

La auditoría señaló que el proyecto contó con suficienci­a presupuest­al para el ejercicio fiscal 2021 por un importe de 401.4 millones de pesos de recursos federales.

Por las anomalías encontrada­s, la ASF presentó tres denuncias ante la Secretaría de la Función Pública para que realice las investigac­iones correspond­ientes y en su caso, inicie el procedimie­nto administra­tivo por las irregulari­dades registrada­s.

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