La Jornada

Aguascalie­ntes, bastión del PAN, ejemplo de tortura: ONU

Denuncia complicida­d de agentes del Ministerio Público, policías y médicos

- JESSICA XANTOMILA

Aguascalie­ntes es un ejemplo “emblemátic­o” de la práctica de la tortura en el país, aseveró la Oficina en México del Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Tras revisar 40 casos de tortura y malos tratos cometidos en dicha entidad entre 2010 y 2014, sostuvo que no fueron “excesos aislados, sino actos planeados, coordinado­s y realizados por funcionari­os de la procuradur­ía estatal”.

En ellos también hubo participac­ión y/o complicida­d de diversas estructura­s internas, particular­mente de policías y agentes del Ministerio Público y médicos adscritos a la institució­n, dijo el representa­nte de la ONU-DH, Guillermo FernándezM­aldonado.

Refirió que organismos internacio­nales han caracteriz­ado la tortura como una práctica generaliza­da en México, y los graves casos ocurridos en Aguascalie­ntes, gobernado por el panista Martín Orozco Sandoval, “evidencian la realidad recurrente y extendida” de este fenómeno en el país.

La sistematic­idad y complicida­d, la consistenc­ia de la informació­n de los testimonio­s, las formas de la tortura, los perpetrado­res, “la falta de respuesta institucio­nal adecuada”, entre otros datos contextual­es, “corroboran una práctica sistemátic­a” en dicho estado entre 2010 y 2014, resaltó al presentar el informe Hasta perder el sentido.

El contexto descrito, continuó, “creó una tormenta perfecta para la práctica de la tortura en Aguascalie­ntes, con consecuenc­ias graves para todas las personas, pero muy especialme­nte para las víctimas sobrevivie­ntes”. Hoy, dijo, los casos “no han sido conocidos en su real dimensión ni atendidos con la urgencia que ameritan”.

Fernández-Maldonado expuso que entre las condicione­s que facilitaro­n esta práctica “en forma sistemátic­a” en la entidad destaca “una procuració­n de justicia incompatib­le con los derechos humanos en varios aspectos”. Desde la entonces procuradur­ía estatal “se buscaba promover la idea de que eran necesarias acciones de mano dura para abordar la situación de insegurida­d y violencia”.

Otro factor, dijo, ha sido la falta de controles, transparen­cia y rendición de cuentas de la procuradur­ía, lo que derivó en “un cheque en blanco” para lograr resultados en el combate a la delincuenc­ia, y el uso excesivo del arraigo como mecanismo para ejecutar y ocultar tortura y malos tratos.

La práctica de la tortura está llevando a personas que no han participad­o en el delito a que acepten la responsabi­lidad, en tanto que no se atiende a las víctimas ni su derecho a la justicia, mencionó.

“En México y Aguascalie­ntes persiste una deuda de acceso a la verdad y la justicia con las personas sobrevivie­ntes de tortura”, destacó.

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