Shakira, en la peor encrucijada de su vida
La artista colombiana se sentará en el banquillo de los acusados en un juicio oral en España
Shakira, la artista colombiana que revolucionó el pop en español a finales del siglo XX, vive uno de los momentos más complicados de su vida. Y no sólo es por la separación del que ha sido su pareja durante 10 años y padre de sus dos hijos, el jugador de futbol Gerard Piqué, sino sobre todo por los serios y graves problemas que tiene con la justicia española, que la acusa de varios delitos contra la hacienda pública. La cantante se negó a llegar a un acuerdo con la justicia, lo que le hubiera dado la tranquilidad de que el caso se hubiera archivado a cambio del pago de una multa millonaria, con lo que ahora se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados en un juicio oral que la podría llevar a la ruina económica o, incluso, a una pena de más de seis años en prisión.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia, en 1977. Su vocación artística la llevó a triunfar desde muy joven en los escenarios, convirtiéndose en una estrella de la música pop con menos de 25 años. A partir de ahí su ascenso en la popularidad fue continuo. Y, a nivel personal, decidió formar una familia junto a la que entonces era su pareja estable, Piqué, que todavía es el defensa central del Futbol Club Barcelona. Esto también supuso un cambio radical en su vida profesional, ya que convirtió a Barcelona en su residencia habitual. Ese hecho es el origen de los problemas legales que confronta ahora y por los que se enfrenta a un juicio por hasta seis delitos fiscales cometidos en 2012, 2013 y 2014.
En aquellos años, cuando la propia Shakira y el jugador de futbol aireaban su relación sentimental en las redes sociales y en los medios de comunicación, la cantante mantenía su residencia oficial en Bahamas, un paraíso fiscal que le permitía engrosar aún más las ganancias por las ventas de sus discos y los jugosos contratos de televisión que firmaba, sobre todo en las cadenas estadunidenses y colombianas de programas musicales. Esas acuerdos millonarios, más las ventas masivas de sus discos, le supusieron ganancias de decenas de millones de euros. Y es ahí, precisamente, cuando sospechó el cuerpo de inspectores de la Hacienda pública española, que entendió que por sus hábitos de vida y sus actividades profesionales, Shakira había presuntamente defraudado fiscalmente, basándose en un principio legal que establece que cualquier residente en España que permanezca más de 183 días al año en el país tiene la obligación legal de tributar.
Residencia oficial en Barcelona y no en Bahamas
El conflicto legal inició hace más de un lustro, cuando se inició el procedimiento legal que cifró en 14 millones 500 mil de euros (310 millones de pesos) el supuesto fraude fiscal perpetrado por la cantante colombiana. Ella, que contrató a un prestigioso equipo de abogados y asesores fiscales, PricewaterhouseCoopers, decidió intentar resolver la controversia pagando el presunto dinero defraudado más los intereses acumulados por el impago, es decir, 17 millones 200 mil euros (360 millones de pesos). Ese dinero lo depositó ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que es donde se instruye su caso, pero ni así evitó que se continuara con las diligencias en su contra. La justicia española le propuso un acuerdo, pero que era sustancialmente mayor a la cifra pagada por la cantante, al incluir las multas y las responsabilidades civiles por los presuntos seis delitos en los que había incurrido.
Uno de los argumentos de la fiscalía española es que Shakira inició una nueva vida en Barcelona a partir del año 2012, cuando además de comprar una casa, a la que le hizo una reforma importante y que se documentó con facturas y recibos, también rentó un estudio de grabación durante un año y el seguimiento clínico del que fue su primer embarazo lo realizó en una clínica de la capital catalana. Esas serían, según la fiscalía española, pruebas irrefutables de que la cantante colombiana residía oficialmente en España, al pasar más de 183 días, con lo que no se podía admitir legalmente su condición de residente en Bahamas.
A pesar de que tanto Shakira como su equipo de abogados intentaron llegar a un acuerdo con la fiscalía y con la justicia española, finalmente se rompió la negociación. Sobre todo porque la cantante colombiana no está dispuesta a pagar más dinero a la hacienda pública española de lo que ya hizo, con lo que decidió romper el diálogo y enfrentarse al juicio oral, lo que llevará a sentarse en el banquillo de los acusados. Shakira y su defensa argumentan que están siendo víctimas de un “total atropello a sus derechos”, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente y “una plena disposición de solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal”. La artista sostiene que sigue “siempre fielmente las recomendaciones de los mejores especialistas y expertos asesores de PricewaterhouseCoopers” y que ha cumplido de “manera impecable” en las más de 20 jurisdicciones en las que ha tributado y que “jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco, ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio”.
La artista asegura que “confía plenamente en su inocencia” y en que el juicio le dará la razón “a sabiendas de que la agencia gasta millones en este tipo de persecuciones y pierde uno de cada dos pleitos con sus contribuyentes”.
El presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, aseguró sobre el caso en concreto que la cantante colombiana “corre un riesgo muy grande al estar imputada por seis delitos fiscales con las penas que puede conllevar. Es muy probable que antes del juicio se llegue a acuerdo, porque la mayoría de sus delitos fiscales son agravados y con penas que podrían llegar a seis años de prisión por cada uno de los seis delitos”. El experto fiscal sostiene que de lo contrario “es muy probable que pueda verse en un aprieto”.
El proceso la podría llevar a la ruina económica o, incluso, a una pena de más de 6 años en prisión