Reino Unido: piratería imperial
El Tribunal Supremo de Reino Unido determinó que las reservas de oro depositadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) en territorio británico sean entregadas al líder opositor Juan Guaidó. La disputa por las 31 toneladas de este recurso, valuadas en más de mil 900 millones de dólares, tiene sus orígenes a inicios de 2019, cuando Londres se unió a Washington en sus maquinaciones golpistas contra la nación caribeña desconociendo al gobierno constitucional de Nicolás Maduro y respaldando la autoproclamación como jefe de Estado de Guaidó, entonces diputado y hoy sin cargo alguno en su país. Desde entonces, el jefe del golpismo venezolano ha contado con la complicidad de Estados Unidos, sus aliados y satélites para suplantar a Caracas ante instancias internacionales y “nombrar” autoridades espurias, entre ellas una Junta Directiva del BCV, a través de la cual se dedica a saquear los activos de Venezuela ubicados en el extranjero.
En un intento por proteger los bienes del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano invalidó los nombramientos hechos por Guaidó, los cuales carecen del mínimo sustento legal, y el BCV instruyó la devolución de sus reservas auríferas, pero este viernes la jueza británica Sara Cockerill ordenó ignorar las resoluciones del Poder Judicial de Caracas, al considerar que no pueden ser reconocidas por la justicia del Reino Unido.
Más allá de la insólita situación en que un tribunal pretende poseer la facultad para desautorizar a sus contrapartes de otro Estado, la sentencia de la división comercial de la Alta Corte de Londres sienta un precedente nefasto y sumamente peligroso para todas las naciones del orbe. Su fallo significa, llanamente, que las potencias occidentales cesan cualquier disimulo en la propensión a utilizar su poderío económico y militar para apoderarse de los recursos de cualquier país cuyo gobierno se niegue a rendirles pleitesía, además de que ya dieron con el mecanismo para llevar adelante sus actos de pillaje: desconocer a los gobiernos legítimos, respaldar a cualquier aventurero dispuesto a ponerse a sus órdenes y, a través de esta clase de marionetas, desviar los fondos a los que puedan echar mano.
Queda claro que estamos no sólo ante una advertencia, sino una amenaza directa a todos los gobernantes que en su programa incluyan la defensa de la soberanía, la búsqueda de alternativas al capitalismo salvaje, la autonomía frente a las pretensiones hegemónicas de Occidente, y el uso de la riqueza nacional para impulsar procesos de transformación. Por ello, el robo que busca consumarse a través del tribunal británico debe recibir el más enérgico rechazo de la comunidad internacional, y debería mover a reflexión incluso a varios de los regímenes que han dado su apoyo a los esfuerzos desestabilizadores coordinados desde la Casa Blanca.