Trabajadores del ingenio de Puga demandan pago de zafra e impedir cierre
Unos 800 trabajadores del ingenio de Puga y productores cañeros marcharon ayer para exigir el pago de la zafra 2022, que asciende a casi 500 millones de pesos, y la intervención de los gobiernos estatal y federal, para evitar el cierre de la empresa azucarera, declarada en quiebra por el Consorcio AGA de Jalisco, propiedad de la familia Garciarce Ramírez.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, del partido Morena, aseguró “que no sería rehén del chantaje” ni destinará dinero público para pagar deudas de particulares.
La manifestación se inició a las nueve de la mañana frente a la
Universidad Autónoma de Nayarit; recorrió el bulevar Tepic-Xalisco, en el sur de la capital. Participaron también integrantes de la sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, afiliada a la Confederación de Trabajadores de México.
La mayoría de los asistentes vestían uniformes de mezclilla de la empresa, y junto con productores cañeros provenientes de nueve municipios caminaron a la sede del gobierno estatal.
Ahí bloquearon las calles aledañas con camiones fleteros y alzadoras de caña, que utilizaron como trasporte. A los gritos de “¡todos somos Puga!” y “¡queremos zafra en Puga!”, los inconformes cerraron el acceso al edificio y la entrada ubicada en la parte trasera, en la calle Veracruz.
Para evitar cualquier confrontación entre manifestantes y burócratas, autoridades ordenaron el desalojo de las oficinas.
Durante varias horas, los inconformes efectuaron un plantón en la avenida México y la plaza Benito Juárez, frente al recinto que en una época fue el palacio de gobierno.
Con altavoces y equipo de sonido exigieron a Navarro Quintero, oriundo de la localidad de Francisco I. Madero, donde se localiza el ingenio, que “intervenga junto con el gobierno federal para el rescate financiero” de 4 mil millones de pesos, deuda ocasionada por la mala administración del Consorcio AGA.
El gobernador, quien acudió al informe de la magistrada Rocío Esther González, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, declaró: “Las opciones jurídicas ya se les plantearon. Mañana (miércoles) viene su dirigente nacional (Lorenzo Pale Mendoza) y ellos tendrán que decidir”.