Piden a la Coridh declarar desacato del Estado en el caso Rosendo Radilla
La familia de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, acompañada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que declare desacato de la sentencia que emitió sobre este caso hace 13 años.
Argumentó que el Estado mexicano no ha realizado “acciones serias para llevar a los responsables ante la justicia” ni para dar con el paradero de la víctima y garantizar una ruta integral de salud para sus familiares.
Tita Radilla sostuvo que la última diligencia de búsqueda de su padre, en el terreno que antes ocupaba el cuartel de la 27 Zona Militar en Atoyac de Álvarez –el cual servía de prisión clandestina y donde habría sido trasladado por soldados– fue entre abril y mayo de 2019. “Se hizo sólo la mitad de las diligencias porque no proporcionaron el recurso necesario, ni material ni humano, para que se terminaran”, dijo en conferencia de prensa.
Víctor A. Del Pozo, subdirector de Cmdpdh, informó que en la solicitud enviada a la Coridh igualmente se pide que remita la situación del incumplimiento a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que la Corte convoque a una audiencia de supervisión de la sentencia y que adopte medidas provisionales “para evitar que se consume otro daño irreparable” a los derechos de las víctimas.
Señaló que dicha petición responde también a que en el contexto de una supervisión de la sentencia ante la Coridh, el Estado solicitó que se tuviera por totalmente cumplida, “a pesar de que no han tomado acciones efectivas para garantizar verdad y la justicia”, así como otras formas de reparación.
Del Pozo también dio a conocer que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra todas las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia, como el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República, para que emita una recomendación en la que se reconozcan las violaciones a las garantías fundamentales cometidas contra la familia Radilla.