Indaga la fiscalía a magistrados, jueces y empresas tras 63 denuncias del PJF
A partir de denuncias que presentó el Poder Judicial de la Federación (PJF) de enero de 2019 a julio de este año por actos de corrupción que presuntamente involucran a jueces, magistrados, servidores públicos y empresas, la Fiscalía General de la República (FGR) empezó seis carpetas de investigación.
De acuerdo con información obtenida, en el mismo periodo la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) formuló 63 denuncias ante la FGR, en las que señala presunta responsabilidad de magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y personas morales.
En respuesta a una solicitud de información presentada por este diario, la FGR indicó que la única de sus áreas que tiene indagatorias iniciadas es la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja.
Con el oficio FGR/ UTAG/ DG/005589/2022, la fiscalía informó que el número de carpetas de investigación, “a partir de denuncias del CJF o la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra funcionarios, jueces, magistrados o personas morales”, se encuentran de la siguiente manera: dos a partir de 2019 y cuatro abiertas en 2020 por delitos de corrupción.
Respecto a las indagatorias judicializadas, un expediente se puso ante un juez federal, en dos de las seis carpetas se declaró incompetencia para conocer de los presuntos delitos y tres se encuentran en trámite.
La FGR resguardó la información relativa a la etapa en que se encuentra la indagatoria que fue puesta a consideración del PFJ.
Al respecto, los datos del CJF refieren que en al menos un caso, uno de los denunciados fue el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, a quien la FGR investigaba por delincuencia organizada luego de ser incluido en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y haber recibido sobornos de ese grupo delictivo.
En muchos casos, los procesos administrativos contra los involucrados aún se litigan en instancias del PJF y la integración de carpetas de investigación no ha concluido, por lo que las identidades deben permanecer resguardadas.
La FGR no informó de casos relacionados en los que se investiguen delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada.