Reitera la oposición su voto contra la reforma electoral
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados sostuvo ayer que no hay ningún margen de negociación ni posibilidad de ceder en su rechazo a la reforma electoral: “No, no, nada. Ya manifestamos que votaremos en contra y así nos vamos a ir”, reiteró Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro.
Morenistas piden licencia
Mientras tanto, cuatro diputados de Morena que acudirán a la reunión interparlamentaria en España, el 28 de noviembre, solicitaron licencia para asegurar que sus suplentes puedan acudir a la sesión en la que se votará el dictamen de la reforma citada. Los legisladores que decidieron ir a Madrid son Olga Zulema Adams, Pedro Ortega, Susana Prieto y Laura Imelda Pérez. Selene Ávila también había pedido licencia, pero ante las críticas retiró su solicitud y se reincorporó a los trabajos legislativos.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados del partido guinda, señaló que los priístas tendrán que justificarse ante los mexicanos. “Nosotros vamos a votar por que la democracia sea en México ciudadanizada, que no sea rehén ni secuestrada por los partidos políticos, por las dirigencias”, anotó.
Mier informó que pedirá a la Junta de Coordinación Política que el próximo martes haya dos sesiones, una en la mañana para desahogar los temas ordinarios de la agenda y una vespertina para discutir y votar la reforma electoral.
Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC) también han manifestado que votarán contra la iniciativa referida. Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, calificó la propuesta del Ejecutivo de regresiva y tóxica para el país. Dado que la oposición ha anunciado su voto en contra, el panista manifestó que la reforma constitucional electoral no va a pasar.
Alejandro Moreno, dirigente del PRI, reiteró que no votará por una modificación que signifique un retroceso en lo que por años ha construido la ciudadanía.
Salvador Caro, de MC, apuntó que el proyecto desaparece al Instituto Nacional Electoral, desvirtúa el sistema democrático, va dirigido a limitar la representación popular, centraliza los procesos electorales y crea un sistema para elegir puros plurinominales.