Ordenan arrestar a otros nueve ediles de Hidalgo por la estafa siniestra
Tres de los cuatro alcaldes detenidos el miércoles por su presunta relación con la llamada estafa siniestra (creación de empresas fantasma o fachada para desviar recursos extraordinarios gestionados para obras públicas o hacer frente a la pandemia de coronavirus) solicitaron la duplicación del término constitucional de 144 horas para que se determine si son vinculados a proceso penal por peculado agraviado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Fidel A. S., Felipe J. R. y Elías S. S., ediles de Epazoyucan, Huautla y Yahualica, respectivamente, permanecen en prisión preventiva, no así Luis Enrique C. G., alcalde de Nopala, cuyos abogados presentaron un amparo a la juez de control Karina Vértiz, de Pachuca, quien le impuso como medida cautelar que se retire de su cargo y no salga del país.
Adolfo Estrada, abogado de Luis Enrique C. G., aseguró en entrevista que el juez federal Miguel Ángel Villaseñor, del juzgado cuarto de distrito, otorgó el amparo porque los delitos que se atribuyen a su cliente (desvío de 71 millones 961 mil pesos) no ameritan prisión preventiva oficiosa.
Comentó que se notificó el otorgamiento del amparo el martes y el presidente municipal fue aprehendido al día siguiente, en forma ilegal. Por ello, promovió un incidente de violación a la libertad.
En tanto, Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), informó que Luis Enrique C. G. presentó una denuncia penal contra un ex funcionario de la pasada administración estatal, cuyo nombre se reservó, relacionado con la estafa siniestra.
Añadió que se imputa al priísta Fidel A. S. malversar 14 millones 215 mil 780 pesos con dos empresas fachada, y a Felipe J. R., del desaparecido Partido Encuentro Social de Hidalgo, el desvío de 26 millones 615 mil 780 pesos.
En el caso de Elías S. S., alcalde de Yahualica, hay una contradicción. Santiago Nieto informó en conferencia de prensa que le acusa de un daño patrimonial de 29 millones 224 mil pesos, pero en un boletín de gobierno estatal la cifra mencionada es de 15 millones de pesos.
Nieto comentó que se habían emitido órdenes de aprehensión contra otros nueve ediles, cuyas identidades no fueron precisadas, y que hay cuatro carpetas de investigación más contra ex funcionarios estatales. El encargado de despacho de la PGJH aseguró igualmente que un alcalde, cuya identidad no reveló, logró escapar de la policía ministerial.