Madre de jóvenes que cayeron en una coladera reclama justicia
María Elvira Canchola, madre de Sofía y Esmeralda, quienes perdieron la vida tras caer en una alcantarilla sin tapa, teme que las autoridades eludan su responsabilidad al sancionar sólo a la empresa que estaba a cargo del mantenimiento de esas tareas, y no al funcionario que debía supervisar la sustitución de infraestructura urbana.
La mujer sostuvo una reunión con la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, y fue así como se enteró de que las autoridades pretenden fincar las muertes a la empresa contratista sin considerar la culpa de quienes dirigen la administración pública en la capital.
María Elvira, quien intenta superar la pérdida de sus dos únicas hijas, manifestó que lo ocurrido no puede quedar impune y tampoco reducirlo a un tema en el que sólo figure una empresa como responsable, ya que la autoridad pareciera renunciar a su papel de rector en las áreas públicas que le competen.
Aclaró que no busca una reparación económica “porque el dinero no nos devolverá la vida de nuestras hijas”, pero pidió que en su memoria se busque y sancione a la persona física que causó la muerte de ambas.
Al salir de la coordinación territorial en Iztacalco, denunció irregularidades hasta para expedir el acta de defunción de las jóvenes, a quienes las registraron sin padres.
“Desde ahorita nos damos cuenta que el gobierno nos va a poner trampas: las actas de defunción de mis niñas aparecen sin nombres de padres, mis hijas no son huérfanas, no puede ser posible que desde aquí haya este tipo errores, aquí está el documento donde aparece mi nombre como madre. Les pido que busquemos la manera de hacer justicia para mis niñas porque no merecen pasar por estas situaciones.”
Exigió a la fiscal Ernestina Godoy dar con el responsable, que la sanción no se reduzca sólo a una empresa privada, ya que hay personas involucradas que debieron firmar los permisos y estar al pendiente de que se cumpliera el mantenimiento.
Su abogado, Teófilo Benítez, dejó en claro que el caso no debe verse con ningún interés económico, por el contrario, se busca acceder a mecanismos de justicia y al derecho humano de conocer la verdad y la no repetición de los hechos.