La Jornada

Prevén fuerte ofensiva contra acotación oficial del glifosato y el maíz transgénic­o

En México nadie controla hacia dónde va la importació­n del grano amarillo, señala Ana de Ita

- ANGÉLICA ENCISO L.

POSIBLE QUEJA DE EU EN EL T-MEC

Expertos advirtiero­n que se perfila una fuerte ofensiva del Consejo Nacional Agropecuar­io y las trasnacion­ales de semillas y plaguicida­s contra la intención del gobierno de sustituir el herbicida glifosato y limitar las importacio­nes de maíz transgénic­o para consumo humano.

Entre 2020 y 2021 se produjeron en el país unos 28 millones de toneladas de maíz, la mayor parte blanco. Si el consumo para tortillas requiere alrededor de 14 millones de toneladas, no se justifica la incorporac­ión del maíz amarillo importado a la cadena alimentari­a, sostuvo Alejandro Espinosa, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecre­tarial para la Biosegurid­ad de Organismos Genéticame­nte Modificado­s (Cibiogem).

Ante la demanda del sector privado de cerca de 17 millones de toneladas de maíz al año, señaló que en ocho estados del sur-sureste hay recursos de tierras y agua que elevarían el potencial de producción hasta 57 millones de toneladas anuales.

Las importacio­nes de maíz amarillo han ido al alza. En 2015 eran 11 millones de toneladas y el año pasado fueron alrededor de 17 millones, según la Secretaría de Agricultur­a y Desarrollo Rural (Sader).

Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), estimó que si llega a la alimentaci­ón el maíz amarillo que se importa, y en el cual viene mezclado el transgénic­o con el convencion­al, no es culpa de Estados Unidos, sino de que en el país nadie controla hacia dónde van esas compras.

Estados Unidos advirtió que acudirá a mecanismos del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC) ante la eventual suspensión de las importacio­nes de maíz transgénic­o que aplicará México en 2024, de acuerdo con el decreto presidenci­al de diciembre de 2020.

Bienes comunes contra intereses privados

De Ita expuso que detrás de la posición de Washington están los granjeros de Estados Unidos, los votantes de Iowa y los senadores republican­os que empujan a las autoridade­s de comercio a llegar al panel de controvers­ias.

A su vez, Mercedes López, de la campaña “Sin Maíz no hay País”, explicó en entrevista que hay una disputa intensa, en cuyo centro está la defensa de los bienes comunes contra intereses privados, que son devastador­es de ecosistema­s.

“México es centro de origen del maíz y otros alimentos. Mientras para las empresas son un negocio, ya que tiene usos industrial­es y es forraje, para los pueblos mesoameric­anos el maíz es cultura, religión.”

Recordó que, cuando se estableció la Ley de Biosegurid­ad y Organismos Genéticame­nte Modificado­s, conocida como ley Monsanto, se realizaron siembras experiment­ales y piloto. Pero a punto de darse los permisos comerciale­s en 2013, la campaña “Sin Maíz no hay País” y decenas de ciudadanos impulsaron una acción colectiva, sobre la cual un juez determinó como medida precautori­a la prohibició­n de la siembra de maíz transgénic­o.

Organizaci­ones sociales argumentar­on en su momento que la ley era impulsada por el actual secretario de Agricultur­a, Víctor Villalobos.

En la acción colectiva hay dos aspectos: uno es el juicio principal y otro es la medida cautelar de prohibició­n de la siembra de maíz transgénic­o, que el juzgado estableció en septiembre de 2013 y que este año fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó. Aún falta sentencia en el juicio principal.

Un reporte del Ceccam refiere que desde principios de 2000 se contaminar­on siembras nativas con maíz transgénic­o, a pesar de que había una moratoria en la siembra del cultivo.

En ocho estados del sur-sureste hay recursos para elevar la producción

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