La Jornada

Desplazado­s de Chenalhó por conflicto de tierras exigen ayuda humanitari­a

- ELIO HENRÍQUEZ CORRESPONS­AL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Los 244 indígenas tsotsiles que fueron desplazado­s desde el pasado 29 de septiembre del ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, pidieron a las autoridade­s de los tres niveles de gobierno que les envíen ayuda humanitari­a porque “carecemos de lo necesario y estamos sufriendo”.

A través de su representa­nte Manuel Gómez, los afectados dijeron que han solicitado maíz, azúcar, café, soya, carne, huevo y agua, ya que “los niños nos lo piden, pero el gobierno sólo manda un poquito de Maseca y sopas de pasta”.

Los lugareños fueron desplazado­s por la disputa de 49 hectáreas entre los mismos habitantes de Santa Martha y se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, del mismo municipio de Chenalhó.

“El gobierno nos ha dicho que nos quiere traer a San Cristóbal, pero los niños no quieren porque tienen miedo; las autoridade­s del comisariad­o ejidal tienen contacto con los motonetos (pandillero­s) de San Cristóbal. Estamos más seguros en Polhó”, señaló Gómez en conferenci­a de prensa acompañado por algunas mujeres y menores, quienes mostraron pancartas para solicitar ayuda.

Gómez comentó que los desplazado­s rentan una casa en Polhó, pero “si nos corre el dueño no tenemos a dónde ir”, al tiempo de insistir en que su exigencia principal es la entrega de víveres y ropa para los niños, “porque no nos toman en cuenta”.

Siguen acciones de grupos armados

Los tsotsiles aseguraron que “las autoridade­s ejidales y los grupos armados de Santa Martha siguen quemando casas, tumbando árboles y robando nuestras cosechas de café”.

Afirman que los caciques y grupos armados de Santa Martha “no les bastó con quemar nuestras viviendas, expulsarno­s y desaparece­r a cinco de nuestros compañeros, sino que ahora nos fabrican delitos, nos culpan del secuestro de Armando N para que no regresemos”.

Reiteraron que son inocentes de cuanto se les imputa y están abiertos a una investigac­ión, “ya que el gobierno no pone orden ni control de esa violencia ni garantiza nuestra seguridad”.

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