La Jornada

Con cambios, avalan en San Lázaro el plan B a la legislació­n electoral

La oposición renunció a su derecho de realizar posicionam­ientos en contra

- GEORGINA SALDIERNA, FABIOLA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

PT Y PVEM CONSIGUEN BLINDARSE

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada cambios a la Ley de Comunicaci­ón Social, para determinar que las opiniones de los funcionari­os públicos no constituye­n propaganda, y entró a la discusión de una reforma a la legislació­n electoral, que presentó Morena tras un acuerdo con sus aliados del PT y PVEM, que para votar en favor del nuevo marco negociaron cambios para blindar su permanenci­a en el sistema electoral.

La iniciativa presidenci­al con un paquete de cambios a seis leyes en materia electoral, que retomó Morena y se discutió en el pleno con la dispensa de todos los trámites, sin estar previament­e publicada en la Gaceta Parlamenta­ria, habría afectado a sus aliados en el monto del financiami­ento y en el reparto de diputados plurinomin­ales.

Casi a la una de la mañana, la oposición abandonó en bloque el recinto, luego de advertir que presentará­n acciones de inconstitu­cionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso amagó con recurrir a instancias internacio­nales.

La salida de PRI, PAN, PRD y MC aceleró la aprobación de la reforma, y los cambios a la Ley de Comunicaci­ón Social, así como a la Ley de Responsabi­lidades, se avalaron casi a las dos de la mañana, con 267 votos en favor y 221 en contra.

Desde la mañana, las cabezas de ambos grupos parlamenta­rios (PT y PVEM) pidieron al coordinado­r de Morena, Ignacio Mier, tiempo para analizar la iniciativa y presentar sus observacio­nes, pero el legislador poblano se negó. No obstante, el jaloneo continuó durante el día y por la noche.

En una nueva versión de la reforma, PT y PVEM lograron amarrar que se pueda mantener el registro como partidos políticos, aun si no obtienen el mínimo nacional de 3 por ciento, si mantienen el registro local al obtener al menos 3 por ciento de la votación local emitida, en al menos 17 estados del país.

Como parte de las negociacio­nes, el PT impulsó eliminar el requisito que obliga a los partidos nacionales contar con al menos 3 mil militantes en por lo menos 20 estados o a mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectiva­s para su constituci­ón y registro.

De hecho, la iniciativa incluyó prácticame­nte todas las propuestas del partido que dirige Alberto Anaya. La bancada había amenazado a Morena con sufragar en contra y el PVEM también; en conjunto cuentan con 74 votos, que la diputación guinda necesitaba para votar el marco electoral.

Como parte de los acuerdos, el PT logró incluir que “los partidos políticos podrán, con cargo a su financiami­ento público ordinario, realizar ahorros en un ejercicio fiscal para poder ejercerlo en años posteriore­s”, aun cuando las disposicio­nes presupuest­ales obligan al reintegro a la Tesorería de la Federación.

Otro de los puntos nodales de la iniciativa del PT que se agregó es la figura de convenio de distribuci­ón de votos emitidos entre los partidos y que, cuando postulen una candidatur­a común, en un mismo recuadro de la boleta aparezca el logo o emblema de cada uno. La propuesta original proponía que los partidos apareciera­n en la boleta por separado, lo que habría disminuido el número de votos y, por lo tanto, de legislador­es en el Congreso.

El nuevo arreglo de Morena con sus aliados retrasó por cuatro horas el inicio de la segunda sesión de ayer, tras el rechazo a la iniciativa constituci­onal del Presidente.

A las 10 de la noche, la mesa directiva decretó un receso, y desde el panismo surgió el coro “¡ cash al Verde, cash al Verde!”, en referencia a las negociacio­nes de ese partido.

Cuando la presidenta de la Comisión de Reforma Electoral, Graciela Sánchez (Morena), informó del pacto y entregó el legajo de 242 páginas a la mesa directiva, la oposición coreó que el trámite fue ilegal, porque no se cumplió con el requisito de publicarlo antes en la Gaceta Parlamenta­ria.

La oposición acordó presentar posturas en contra, pero después abandonó el recinto. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que Va por México cumplió con no darle la mayoría calificada a la iniciativa constituci­onal del Presidente y anticipó que, si la propuesta de legislació­n secundaria viola la Carta Magna, se presentará­n recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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