Morena en el Senado, listo para aprobar el dictamen
Los senadores de Morena pusieron ayer pausa a la discusión interna y la confrontación que se vive en su bancada, para centrarse en la estrategia encaminada a aprobar las reformas a la legislación electoral, una vez que sea aprobada en la Cámara de Diputados.
Los senadores José Narro Céspedes y César Cravioto comentaron que esa es la prioridad de la bancada de Morena, ya que el llamado plan B, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la reforma a leyes secundarias, es un intento por establecer un sistema electoral menos oneroso, con la reducción del aparato burocrático comicial y mayor democracia.
Respecto de las declaraciones recientes del coordinador Ricardo Monreal, de que la minuta que remita la Cámara de Diputados se discutirá “sin precipitaciones” y sin permitir “excesos”, el senador Narro comentó que la mayoría de los legisladores van a respaldar la iniciativa presidencial, toda vez que avalan su contenido, que sólo busca profundizar y fortalecer la vida democrática del país.
Agregó que la minuta de la colegisladora “va a pasar sin problemas en Morena”, aunque lamentó que la oposición impidiera ir más a fondo a fin de acabar con disposiciones que permiten un órgano electoral rico, con salarios opulentos de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del tribunal en esa materia.
Presupuesto holgado
Narro Céspedes hizo notar que el ahora Instituto Nacional Electoral (INE) inició operaciones en 1990, y es el órgano autónomo que goza de un mayor presupuesto. En las elecciones de 2020, en comparación con las de 2021, los recursos se incrementaron 123 por ciento, ya que pasó de 12 mil 500 millones de pesos, a 27 mil 800 millones de pesos, cifra independiente del financiamiento a los partidos políticos.
Por separado, el senador César Cravioto comentó que por ahora el grupo parlamentario está concentrado en aprobar esa reforma y cumplirle al presidente López Obrador y la 4T. “Sin duda, vamos a respaldar la minuta, ese plan B que debió ponerse en marcha, porque la oposición detuvo la reforma constitucional, debido a que PRI y PAN “siguen defendiendo los grandes beneficios que tiene la alta clase política, en lugar de privilegiar las necesidades del pueblo de México”.