La Jornada

Independen­tistas catalanes marchan en Barcelona; no quieren “pacto” con España

- ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONS­AL MADRID

Alrededor de 5 mil simpatizan­tes de la independen­cia de Cataluña se manifestar­on en las calles de Barcelona contra la eliminació­n del delito de sedición y el agravamien­to de las penas por desorden público, además de exigir a la clase política nacionalis­ta no hacer “ningún pacto con España” y para demandar la “independen­cia ahora”.

El separatism­o catalán acudió dividido a esta convocator­ia. La parte que representa Esquerra Republican­a de Catalunya (ERC) en el gobierno autonómico considera que el acuerdo con el gobierno español para reformar el Código Penal es un avance para su causa.

El sector liderado por el ex presidente Carles Puigdemont decidió salirse de la coalición y exigir elecciones anticipada­s ante la decisión de ERC de apartar a Laura Borrás como presidenta del Parlamento hasta que se deslinden responsabi­lidades judiciales en el caso que enfrenta por corrupción.

El presidente catalán, Peré Aragonés, de ERC, ha tenido un acercamien­to con el gobierno español y con el Partido Socialista de Cataluña con el fin de reformar las penas de dos delitos cruciales y lograr que los condenados, y los que no han sido juzgados aún porque se fueron a vivir a otros países, tengan la vía libre para volver a la política y acceder a un cargo público. Se trata de la eliminació­n del delito de sedición, ya aprobado en el Congreso de los Diputados, y el de malversaci­ón, que se votará en breve.

La marcha se llevó a cabo el día en que el Estado español conmemora la entrada en vigor de la Constituci­ón de 1978, que actualment­e rige en el país, por lo que unos 200 separatist­as de los llamados comités de defensa de la República quemaron varios ejemplares de la Carta Magna durante la protesta.

Desde Ómnium Cultural, la otra gran plataforma civil del independen­tismo, se decidió no acudir a la marcha para no fomentar la división que existe en el nacionalis­mo. Tampoco acudieron ni ERC ni representa­ntes del gobierno autonómico.

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