Falla Pedro Castillo en su intento de disolver el Congreso y es destituido
Circuló rumor de que el ex mandatario se refugiaría en la embajada de México // Dina Boluarte asume el gobierno, sin experiencia política y sin bancada que la respalde
SU JEFE DE ESCOLTAS ORDENÓ DETENERLO
Al presidente Pedro Castillo le falló la apuesta por la democracia y fue destituido y apresado. Lo hizo cuando estaba acosado por una derecha que buscaba destituirlo y debilitado por las falencias de su gobierno y las denuncias de corrupción en su contra. Ha sido remplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia en la historia del país. Boluarte pidió una tregua y anunció un gobierno de unidad nacional con participación de “todas las fuerzas políticas”.
Minutos antes de su toma de posesión, el Congreso había destituido a Castillo con 101 votos a favor, solamente 6 en contra y 10 abstenciones, por haber intentado el cierre inconstitucional del Congreso, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado.
Mientras Boluarte juraba en el Congreso como presidenta, Castillo estaba detenido en una dependencia policial. Hubo manifestaciones, no muy concurridas, a favor y en contra de Castillo. Se dieron enfrentamientos entre ambos grupos. Manifestantes pidieron que se vayan el Congreso y la recién juramentada presidenta y se convoque a elecciones generales adelantadas.
Último mensaje a la nación
La crisis terminal para el gobierno de Castillo estalló después de que en un sorpresivo mensaje al país dado por televisión al mediodía de este miércoles, el todavía presidente anunció el cierre inconstitucional del Congreso. Lo hizo tres horas antes del inicio de la sesión parlamentaria en la que se iba a debatir y votar una moción para destituirlo por “incapacidad moral permanente” por denuncias de corrupción que están en investigación. Con el cierre del Congreso, Castillo también anunció el inicio de un “gobierno de emergencia excepcional”, declaró en “reorganización” el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación que lo investigan y anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente en un plazo de nueve meses.
Dijo que hasta que se instale la Asamblea Constituyente gobernaría por decretos leyes. En el que sería su último mensaje como presidente, decretó un toque de queda a partir de las 10 de la noche, que no se llegó a aplicar porque el presidente cayó mucho antes de esa hora y la presidenta Boluarte lo dejó sin efecto.
Castillo estaba notoriamente nervioso mientras leía el breve mensaje en el que anunció su frustrado golpe. Habló poco más de cinco minutos. Los papeles que tenía se agitaban con el temblor de sus manos. Al anunciar el cierre del Congreso, recordó los reiterados intentos de la mayoría parlamentaria de derecha de destituirlo y aseguró que se le imputan delitos sin pruebas. Acusó a la oposición de derecha de intentar instaurar una “dictadura parlamentaria”.
Cuando Castillo dio su mensaje había una alta incertidumbre acerca de si la oposición obtendría los 87 votos, dos tercios del Congreso, necesarios para destituirlo ese mismo día por “incapacidad moral”. En ese momento, un ex funcionario de su gobierno declaraba ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento que recibió pagos de sobornos y entregó parte de ese dinero a Castillo. Como otras acusaciones contra el entonces presidente, se trata del testimonio de un procesado por corrupción que está en prisión y que con ese testimonio busca beneficios judiciales, como obtener su libertad.
Al parecer, los cálculos de Castillo lo llevaron a asumir que luego de ese testimonio la derecha que quería destituirlo alcanzaría los votos para hacerlo, y decidió lanzarse a cerrar el Congreso. Sin embargo, los estimados que circulaban a esa hora sobre cómo se daría esa votación no eran claros acerca de cuál podría ser el resultado. Nada era seguro en ese momento. La noche anterior, en otro mensaje al país, Castillo aseguró que respetaba la democracia e iría al Parlamento a enfrentar el proceso de destitución en su contra.
La decisión que tomó Castillo le salió muy mal. Lo suyo fue un suicidio político televisado. El “gobierno de emergencia excepcional” no duró nada. Tres horas después de ese intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso –el presidente puede cerrar el Parlamento, pero solamente si antes éste niega dos votos de confianza al Ejecutivo, lo que no había ocurrido–, Castillo era destituido y apresado. Mientras en el Legislativo se ponía a votación su destitución y estaba cantado el resultado, Castillo abandonó el Palacio de Gobierno. Circuló el rumor de que iba a la embajada de México a pedir asilo, pero fue detenido y llevado a una dependencia policial. Su derrota estaba consumada. Le espera un proceso penal por intentar dar un golpe de Estado, un delito que tiene una pena de entre 10 y 20 años. El gobierno de México le ofreció asilo.
El jefe de la escolta presidencial impidió el traslado de Castillo a alguna embajada, ya fuera la de México o la de Cuba, y ordenó que lo llevaran a la Prefectura de Lima, sede de la región policial de la capital, informaron por separado los diarios La República y El Comercio. Además, decenas de personas, en su mayoría opositores, se concentraron, incluso con automóviles, frente a la legación mexicana para impedir que el mandatario llegara y obtuviera refugio y asilo, detalló la prensa local.
Solitario final
Resulta inexplicable cómo Castillo se lanzó a anunciar el cierre del Congreso sin tener respaldo para sostener esa decisión. Se quedó solo inmediatamente después de hacer ese anuncio. Sus ministros comenzaron a renunciar uno tras otro denunciando que rechazaban lo que calificaron de golpe de Estado. No fueron consultados antes de que Castillo decidiera cerrar el Congreso.
Todas las instituciones rechazaron el intento golpista lanzado desde el Ejecutivo. Por algo más de una hora hubo incertidumbre sobre
Manifestantes exigieron que se vaya el Congreso y se convoque a elecciones