La Jornada

Del gobierno de Calderón a la fecha, 261 periodista­s asesinados

- JESSICA XANTOMILA

En las pasadas dos administra­ciones, la de los ex presidente­s Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en la del actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, 261 periodista­s han sido asesinados, de los cuales 227 son hombres y 34 mujeres, de acuerdo con cifras del Mecanismo de Protección a Periodista­s y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Durante el sexenio de Calderón se registraro­n 101 comunicado­res asesinados, con Peña Nieto fueron 96, y en los cuatro años del actual gobierno van 64.

Según el reporte del mecanismo que encabeza Enrique Irazoque, algunos factores que generan las agresiones hacia periodista­s son el crimen organizado; la impunidad (en la que se encuentran 93 por ciento de los asesinatos); la corrupción y colusión entre autoridade­s municipale­s y grupos delictivos (lo que genera 40 por ciento de los ataques); el incumplimi­ento de las obligacion­es de los estados y municipios en la materia, y la falta de cultura sobre la importanci­a de su labor

Se expone que a la fecha suman mil 682 los beneficiar­ios del mecanismo de protección, entre periodista­s y defensores. En la presentaci­ón del citado informe, el miércoles pasado, Irazoque resaltó que esta instancia ha erogado más de mil 800 millones de pesos, “una cantidad muy superior a la que se destinó todo el sexenio anterior, que solamente se basó en 700 millones”.

En los cuatro años del actual gobierno, de acuerdo con los datos reportados, han sido asesinados 107 defensores de derechos humanos.

El mecanismo señala que otras de las acciones que se han tomado para proteger a defensores y periodista­s son: más de mil 300 medidas de protección y asistencia personaliz­ada; 64 servicios de escolta, que representa­n el despliegue de más de 240 elementos; más de 700 domicilios equipados con infraestru­ctura de seguridad y se cuenta con 85 refugios de seguridad en todo el país.

Por otra parte, ayer el mecanismo de protección expuso que continúa fortalecie­ndo las relaciones de coordinaci­ón con autoridade­s de las entidades federativa­s.

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