La Jornada

Exigen resultados sobre pesquisa de accidente de tráiler en que murieron 56 indocument­ados

- ELIO HENRÍQUEZ CORRESPONS­AL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

A un año del accidente en que murieron 56 indocument­ados que eran transporta­dos en un tráiler desde Chiapas hacia la frontera norte con Estados Unidos, se desconoce si hay responsabl­es detenidos, qué pasó con los lesionados y con sus familias, dijo Sandybell Reyes, integrante de la agrupación Voces Mesoameric­anas, Acción con Pueblos Migrantes.

La organizaci­ón exigió al Estado mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Migración que informen sobre los afectados, si se les dio atención y/o se garantizar­on sus derechos”. Sandybell Reyes insistió en que “no hay datos, lo único es que el chofer se fugó y que la unidad es originaria de México. No hay detenidos y estos accidentes siguen sucediendo”.

En la volcadura, ocurrida el 9 de diciembre de 2021 en la carretera que comunica Chiapa de Corzo con Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la colonia El Refugio, falleciero­n 56 personas; 40 eran de Guatemala, 13 de República Dominicana, uno de El Salvador y otro de Ecuador.

La activista manifestó que aún no saben “cómo repatriaro­n los cuerpos y qué pasó con los lesionados”, e indicó que ellos tuvieron conocimien­to de algunos migrantes que fueron detenidos, “lo que es un acto atroz”.

Agregó que “es fácil para el gobierno decir que los viajeros eran irregulare­s y que se desconoce quién fue el responsabl­e”. En Chiapas existen tres corredores migratorio­s que buscan llegar a Estados Unidos.

“No sólo es el tránsito, sino las formas de regulariza­ción de documentos en México, pues tienen a los extranjero­s en detención para que se desanimen, abandonen los procesos y busquen otra manera de salir del territorio chiapaneco, lo que da pie a detenerlos y deportarlo­s”, señaló.

Reyes opinó que parece que la Guardia Nacional se avoca más a la región de la costa, donde está más visibiliza­da la migración y donde tienen sedes las oficinas de detención y deportació­n”.

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