Boluarte comete “crímenes de lesa humanidad”, señala la CNDH Fujimori solicitará elecciones este año
Continúan las movilizaciones y la represión
DOCUMENTAN VIOLACIONES Y
EXTRAJUDICIALES
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) califica de “crímenes de lesa humanidad” la respuesta represiva del gobierno contra las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y realizar elecciones este año.
En un informe presentado este jueves, el organismo de larga y reconocida trayectoria de defensoría pública, denuncia masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra los arrestados. Así como amenazas y hostigamiento contra los abogados defensores y activistas sociales. Se afirma que hay acusaciones arbitrarias por “terrorismo” contra los manifestantes. Se alega la militarización del país y el aval del gobierno a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población.
Impunidad
La CNDH señala que no hay garantías de justicia por los crímenes del gobierno y las corporaciones del orden público porque la Fiscalía y el Poder Judicial están alineados con el régimen. Este informe será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Son 57 las personas que han muerto desde que se iniciaron las protestas en diciembre, primero en el sur andino y luego extendidas a buena parte del país, incluyendo Lima, donde las manifestaciones antigubernamentales multitudinarias son diarias desde hace una semana.
De esos decesos, 46 personas han sido asesinadas por disparos de las fuerzas de seguridad. Hay un policía fallecido. Los heridos son cerca de un millar. La comisión dice que la respuesta del Estado a las movilizaciones sociales “posee una brutalidad sin precedente en la historia de la democracia en el país en el presente siglo”.
Se denuncia un “uso arbitrario de la fuerza”, como el empleo de fusiles automáticos no autorizados contra manifestaciones sociales. También disparos de perdigones de metal a corta distancia y bombas lacrimógenas lanzadas contra el cuerpo de manifestantes. El resultado ha sido un elevado número de muertos y heridos.
“Altos funcionarios del gobierno lejos de poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, avalan y promueven la actuación de las fuerzas de seguridad”, denuncia el informe de la CNDH.
Entre los casos de abuso policial que se reportan, están el de ocho detenidos en la ciudad andina de Andahuaylas “brutalmente golpeados durante su reclusión” y expuestos sin abrigo al frío extremo y acusando múltiples moretones, sobre todo en la piernas. Documentan arrestos en dependencias policiales “en condiciones incompatibles con la dignidad humana”; un caso de “agresión sexual múltiple” y otros de “tocamientos indebidos y revisiones íntimas” a las mujeres aprehendidas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
“No hay ninguna de las garantías del catálogo de derechos humanos que no haya sido vulnerada. Los familiares de las víctimas tienen dere
LIMA. El partido derechista Fuerza Popular, presidido por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, planteó anoche adelantar las elecciones generales para este año. “Se ha tomado la decisión de solicitar al Congreso de la República retomar la fórmula inicial (…) esto es, elecciones generales en 2023", tuiteó.
Horas antes, el Legislativo advirtió que la segunda votación para ratificar un adelanto en las elecciones generales a abril de 2024 tendrá lugar al inaugurar el periodo cameral, el 15 de febrero. cho a la justicia, a la reparación y a la verdad. Deben saber qué pasó, de dónde vino la orden de arresto y uso de la violencia, porque aquí hay una orden, no han sido dos o tres policías locos sueltos. Los responsables de esta matanza deben ser procesados y terminar en la cárcel como corresponde, nos podremos demorar algunos años, pero ese (la prisión) va a ser su lugar”, señala Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDH. La Fiscalía ha iniciado una investigación por las matanzas, que incluye a Boluarte y sus ministros.