Boluarte comete crímenes...
Pero la fiscal de la nación, Patricia Benavides, genera más dudas y sospechas que confianza. Muy activa en el pasado para dar mensajes acusando al ex presidente Pedro Castillo por corrupción, ahora está silenciosa. Y ha reducido el número de fiscalías que deben atender las denuncias de ultraje a los derechos humanos, quitándoles recursos y personal. Las dudas no apuntan sólo a la Fiscalía. El ex jefe del gabinete ministerial de Boluarte, Pedro Angulo, uno de los acusados por las matanzas, es ahora jefe de asesores de la Junta Nacional de Justicia, que nombra y evalúa a los magistrados del Poder Judicial.
Sin confianza
En el Congreso, una comisión investigará la represión, pero ahí decide la mayoría de derecha que apoya a Boluarte y aplaude esa represión.
“No tenemos confianza en la Fiscalía, tampoco en el Poder Judicial. No hay independencia de poderes, lo que hay es la hegemonía de un poder. La expectativa por la investigación en el Congreso es cero”, dice Dador. Indica que las denuncias por los asesinatos de la represión llegarían a tribunales internacionales si no se avanza en el sistema de justicia nacional. Refiere que esa internacionalización podría acelerarse si hay una denuncia ante la Corte Penal Internacional, pero aclara que la debe hacer un Estado.
Dador acusa a Boluarte de “mentir sistemáticamente” cuando consigna a los manifestantes bajo cargos de estar armados, de matarse entre ellos, de ser “terroristas”. Numerosos testimonios, fotos, videos, y resultados de las necropsias, confirman que las fuerzas de seguridad han disparado contra manifestantes. En cambio, no hay una sola evidencia que respalde la versión de la presidenta y sus ministros de que la población civil esté armada y que ha disparado.
“Se criminaliza a quienes hacen uso de su derecho a la protesta pacífica y también a quienes somos defensores de los ciudadanos que se movilizan y son detenidas. También se nos acusa de ser ‘terroristas’. Sentimos cómo la represión nos respira en la nuca”, denuncia Dador. “Tiene que cesar la violencia. No debe haber un solo muerto más”, demanda.
Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la CNDH, asegura que se trata de “una situación gravísima para los derechos humanos” lo que se está viviendo en Perú. “Se hace uso indiscriminado de la fuerza. Se dispara contra personas que se movilizan pacíficamente, incluso contra ciudadanos que no participan en las movilizaciones. Hay una carga profundamente racista en la actuación de la policía. No es casualidad que las muertes se hayan producido en zonas del país donde hay una presencia marcadamente indígena. A unas cien personas, la Fiscalía les ha iniciado investigación por ‘terrorismo’ solamente por participar en las protestas, incluso por únicamente haber juntado dinero para apoyar a los heridos. Eso es gravísimo”.
La activista de derechos humanos señala que hay responsabilidad de los mandos militares y de quienes disparan contra inconformes, pero aclara que las responsabilidades no se limitan a ellos porque no son decisiones individuales, sino acciones que forman parte de “una política de Estado”.
Destino: la justicia
Sobre la responsabilidad de Boluarte y sus ministros, Pérez precisa que no solamente es política. “Estamos claramente ante una responsabilidad penal de la presidenta, que por tratarse de crímenes de lesa humanidad no prescribe. No sabemos cuántos años pasarán, pero tendrá que asumir su responsabilidad ante los tribunales”.