Pide la CIDH intensificar la búsqueda de dos activistas michoacanos desaparecidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor del abogado y activista Ricardo Lagunes y del líder comunal de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz, por considerar que se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, luego de que desaparecieron el 15 de enero pasado.
Pidió al Estado mexicano que redoble los esfuerzos para determinar la situación y el paradero de los activistas, con el fin de proteger sus derechos a la vida y la integridad personal, y que informe sobre las acciones realizadas para investigar estos hechos y evitar que se repitan.
Recordó que Ricardo y Antonio desaparecieron en la frontera entre Michoacán y Colima, después de que ambos participaron en una asamblea realizada en el auditorio comunal de Aquila, en la primera entidad, y horas después fue hallado el vehículo en el que se desplazaban, abandonado y con señales de violencia.
Podrían estar en riesgo inminente, advierte
En un comunicado, la CIDH informó que el Estado mexicano reportó que está realizando investigaciones y acciones de búsqueda en el último lugar donde fueron vistos los defensores, así como inspecciones y entrevistas, entre otras diligencias.
Además, notificó que lleva a cabo un trabajo coordinado entre instituciones locales y federales con la finalidad de dar con el paradero o establecer la situación en la que se encuentran las víctimas.
Si bien la CIDH valoró las acciones desplegadas por las autoridades mexicanas y la información disponible, señaló que ésta “da cuenta de que no hay datos sustanciales sobre el destino o paradero” de Ricardo y Antonio, por lo que consideró que las personas beneficiarias podrían encontrarse en riesgo inminente.
Puntualizó que el otorgamiento de la medida cautelar y su aplicación por parte del Estado mexicano no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el sistema interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.