La Jornada

Instan a la SCJN a definir si procede el amparo en casos de delitos graves

- GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Conferenci­a Nacional de Procuració­n de Justicia solicitaro­n a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emita un “pronunciam­iento claro y definido” respecto de la jurisprude­ncia emitida por el pleno en materia penal y de trabajo del Poder Judicial de la Federación en la región centro-norte del país, que establece que basta que se interponga un recurso de amparo para que se suspenda el cumplimien­to de una orden de aprehensió­n por delitos graves, lo que generará impunidad.

La jurisprude­ncia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y que entró en vigor el pasado 8 de abril, señala que “cuando se reclame en amparo indirecto una orden de aprehensió­n por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, debe concederse la suspensión provisiona­l para el efecto de que, durante su vigencia, la parte quejosa no sea detenida”, con lo cual el señalado de cometer un delito grave puede huir.

La justificac­ión de la decisión judicial establece que “es necesario adoptar un enfoque interpreta­tivo por persona, que busque maximizar la protección de los derechos humanos cuando se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa”.

El Ministerio Público Federal explicó que, según esta jurisprude­ncia, basta la interposic­ión del recurso de amparo para que no sea detenida una persona acusada de delitos “sexuales, cometidos contra menores, feminicidi­o, homicidio, violación, secuestro, delincuenc­ia organizada y otros más”.

Expuso la FGR que esto se aplicará en los estados de Aguascalie­ntes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

La institució­n que encabeza Alejandro Gertz Manero “rechaza, en forma contundent­e, dicha resolución, ya que pone en peligro inmediato a las víctimas de todos esos delitos; a los ofendidos y a sus testigos, que quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementale­s derechos humanos.

“La impunidad y el estado de indefensió­n que provocará esta decisión pueden prolongars­e varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo, que cuenta con dos instancias y que incluso puede llegar hasta la Suprema Corte, como ha ocurrido constantem­ente en muchos casos.”

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