La Jornada

Cambio de medida no implica liberación automática: abogados

- Jessica Xantomila y Jared Laureles

El que la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos (Coridh) instara al Estado mexicano a modificar la prisión preventiva oficiosa (PPO) a justificad­a, para que no sea automática, no implica que más de 68 mil personas en esa condición vayan a ser liberadas, como lo advirtió ayer la Secretaría de Gobernació­n (SG), sino que se tiene que revisar si hay elementos para mantenerlo­s en la cárcel, aseguraron los abogados que presentaro­n el caso de Daniel García y Reyes Alpízar (en PPO por más de 17 años) ante el tribunal y por el cual se ordenó la modificaci­ón de dicha figura.

Simón Hernández y David Peña, también integrante­s del colectivo Pena Sin Culpa, aseveraron que igualmente es competenci­a de la Suprema Corte resolver sobre el tema, pese a los señalamien­tos contrarios de la SG, ya que a un año de que se dictó la sentencia “obligatori­a e inapelable”, el Congreso no ha legislado en la materia.

En entrevista, Hernández explicó que “la Corte Interameri­cana no está quitando herramient­as a México en materia de justicia; simplement­e está diciendo que debe subsistir la prisión justificad­a”.

Insistió en que la modificaci­ón “no implica lo que señala de manera falsa la Secretaría de Gobernació­n”. Es revisar en cada uno de los casos si hay necesidad de esa medida, en la que se analicen los datos objetivos, como si hay riesgo de fuga, se puede obstruir la investigac­ión, se pone en riesgo a las víctimas, entre otros, dijo.

Lo anterior, debido a que hay casos de personas que “han estado muchos años en prisión y algunos son declarados inocentes”, añadió.

David Peña recordó que la PPO se construyó como un recurso temporal, pero que se ha utilizado “para sumar delitos” que permitan mantener en prisión a las personas. Ello, subrayó, “ha debilitado” a los ministerio­s públicos “porque le ha quitado la obligación de investigar y de justificar estas medidas”.

Calificó como “vergonzoso” que la titular de la SG, Luisa María Alcalde, haya dicho que hay “68 mil personas en prisión preventiva oficiosa, sin sentencia”, ya que si bien muchas pueden ser culpables, “muchas otras son inocentes”.

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