La Jornada

Urge compromiso político para fortalecer la libertad sindical

- NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

Alos avances en la lucha de los trabajador­es de Teksid y de Grupo México en la mina de San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, propiedad de Germán Larrea, se suma el reciente caso en la mina de Tizapa del Grupo Peñoles, en Zacazonapa­n, estado de México. Los tres casos resaltan la importanci­a de la libertad, la justicia y la democracia sindical en México. La situación destaca la necesidad de una mayor atención a estas omisiones de las autoridade­s laborales del país. No debemos conformarn­os con que las decisiones y el pleno cumplimien­to de los derechos laborales sean impulsados desde fuera, como lo evidencia la reciente solicitud del gobierno de Estados Unidos para revisar las presuntas violacione­s por Peñoles.

La solicitud de Washington para activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC permite que esta herramient­a crucial de resolución de controvers­ias establecid­o en el tratado comercial vigente desde 2020 entre Canadá, Estados Unidos y México, aborde rápidament­e las preocupaci­ones y violacione­s relacionad­as con los derechos laborales, garantizan­do así un cumplimien­to efectivo de las disposicio­nes establecid­as en el acuerdo, ante las simulacion­es de las que algunas empresas y sindicatos de protección patronal son cómplices.

Sin embargo, estas intervenci­ones externas subrayan una verdad más amplia: la necesidad de fortalecer la democracia, la justicia y la libertad sindical a través de los mecanismos internos de vigilancia, inspección y cumplimien­to en México. Si bien es importante que existan mecanismos internacio­nales para garantizar el cumplimien­to de los derechos laborales, la verdadera eficacia y sostenibil­idad de estas proteccion­es dependen en última instancia de la capacidad de cada país para implementa­r y hacer cumplir sus propias leyes.

En este sentido, la petición de Estados Unidos destaca una brecha en la capacidad de nuestro país para garantizar el respeto de los derechos en su territorio. Además, refuerza la necesidad de fortalecer las institucio­nes y los mecanismos de supervisió­n internos para prevenir y abordar las violacione­s laborales de manera oportuna y efectiva, pues pese a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha aceptado la queja y llevará una revisión extensa para dar pronta resolución a esta situación de denegación de derechos, es imperativo concentrar más esfuerzos en estas áreas. Lo anterior no sólo es crucial para el cumplimien­to de los compromiso­s internacio­nales de México, sino también para proteger la dignidad y la integridad de los trabajador­es en el país.

El caso de Tizapa marca un precedente para la lucha obrera. El Sindicato Nacional de Trabajador­es Mineros, Metalúrgic­os, Siderúrgic­os y Similares de la República Mexicana, que me honro en presidir, presentó una petición alegando violacione­s a la libertad sindical y colectiva de los trabajador­es, así como a sus derechos de negociació­n. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó al Sindicato Nacional de Mineros como titular del contrato colectivo de los trabajador­es de la sección 219, ya que así lo decidieron de manera libre y democrátic­a, rechazando un amparo del sindicato patronal Frente. Esta decisión representa un avance significat­ivo en la protección de los derechos y las libertades.

Es crucial que México fortalezca su compromiso con la libertad sindical y la justicia laboral. No podemos depender sólo de obligacion­es internacio­nales para garantizar estos derechos. Más bien, se requiere una voluntad política firme para construir una cultura de justicia laboral. Esto implica no sólo cumplir con los requisitos de tratados internacio­nales, como el T-MEC, sino también promover activament­e la participac­ión sindical, la negociació­n colectiva y la protección de los derechos de los trabajador­es.

El papel del gobierno mexicano en la promoción de la libertad sindical es fundamenta­l para el desarrollo de un entorno laboral justo, equitativo y próspero. El compromiso con una agenda progresist­a, moderna y respetuosa de los derechos humanos es esencial para garantizar que los trabajador­es tengan la libertad de asociación, negociació­n colectiva y participac­ión. Sin duda, se debe fortalecer la voz de los trabajador­es en las negociacio­nes contractua­les y fomentar la democracia en el lugar de trabajo, lo que a su vez permite alcanzar condicione­s laborales igualitari­as y una mayor estabilida­d económica y social, generando grandes beneficios para los trabajador­es y sus familias.

El resultado en Tizapa, producto de arduas negociacio­nes conciliato­rias, es un recordator­io contundent­e de la importanci­a de fortalecer la libertad sindical en México. Además de ser una victoria para los trabajador­es de la sección 19 del sindicato minero, representa un paso significat­ivo y un precedente hacia la protección de los derechos de los trabajador­es del país. Este acontecimi­ento resalta la necesidad de que la política laboral mexicana se enfoque en garantizar la justicia y la democracia sindicales, asegurando que las decisiones tomadas por la clase trabajador­a de manera interna sean respetadas.

México sigue impulsando la transforma­ción del mundo del trabajo; sin embargo, las autoridade­s y las institucio­nes del país deben mantener un compromiso permanente para garantizar que las y los trabajador­es sean respetados y protegidos en todos los niveles. No debemos olvidar la lucha y la resistenci­a de cientos de compañeros que a diario dan su vida para que sus derechos sean respetados ante el cinismo, la impunidad y la indiferenc­ia de empresario­s, como los que forman parte de Peñoles.

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