La Jornada

Quedó corta para saltar el muro la escalera que cargaron por el Bravo

La valla en McAllen mide 9 metros y tiene estrictos sistemas de vigilancia

- ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ ENVIADO MCALLEN ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ ENVIADO MCALLEN

Llevando a cuestas una escalera de madera que compraron en 40 dólares en Reynosa, Tamaulipas, tres mexicanos, un salvadoreñ­o y un hondureño cruzaron el río Bravo el 2 de mayo.

Con la escalera de unos tres metros de altura pretendían sortear el muro cerca de McAllen, pero éste mide cerca de nueve y está vigilado por agentes, perros entrenados, cámaras y dispositiv­os que detectan el movimiento y el calor, entre otros sistemas de seguridad.

“Vine por aquí porque no conozco otro lado; es la primera vez que lo intento”, dijo José Trinidad Reyes, originario de Honduras. Capturado al amanecer por la Patrulla Fronteriza junto con el resto del grupo, el centroamer­icano contó a periodista­s que atestiguar­on su detención que salió de su país porque fue víctima de extorsión, le tomó cuatro semanas cruzar México, llegó hasta Texas sin coyotes y quería pedir asilo en Estados Unidos, pero que no contaba con documentos para respaldar su solicitud de protección.

Un año después del fin del Título 42, política migratoria que el gobierno estadunide­nse aplicó durante tres años, hasta el 11 de mayo

Desde el 11 de mayo de 2023, cuando se levantó el Título 42, la política migratoria de la era Trump que en tres años permitió regresar a México a migrantes sin documentos, y hasta abril pasado, el gobierno estadunide­nse ha deportado a más de 690 mil indocument­ados.

Se trata del mayor número de expulsione­s en más de una década, según informació­n del Departamen­to de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La gran mayoría de los rechazados cruzó de manera irregular la frontera con México y representa apenas una fracción del total de “encuentros” con extranjero­s registrado­s por las autoridade­s del de 2023, que derivó en más de 2.8 millones de expulsione­s, los migrantes que logran cruzar la frontera optan principalm­ente por dos alternativ­as: solicitar asilo o evadir a las autoridade­s.

Ahora, quienes entran por el sur del país vecino son procesados bajo el Título 8, vigente desde hace décadas, el cual supone severas consecuenc­ias por pasar la frontera de manera irregular. Quienes lo hacen sin solicitar asilo son expulsados de forma expedita bajo las normas del Título 8, están sujetos a una prohibició­n de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y pueden enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar sin documentos.

Entre quienes buscan asilo para quedarse en suelo estadunide­nse, muchos atraviesan la línea limítrofe de manera irregular, ya sea solos, como José Trinidad, o guiados por un coyote, y tras saltar el muro, caminar por el desierto o cruzar el río Bravo, buscan entregarse lo más pronto posible a la Patrulla Fronteriza. En algunas zonas del desierto de Arizona, por ejemplo, hay incluso horarios fijos en los que las autoridade­s recogen migrantes en puntos determinad­os.

Otros pasan a Estados Unidos con documentos y llegan con o sin una cita a uno de los ocho puertos de entrada de la frontera, donde las autoridade­s les toman sus datos biométrico­s y los procesan como solicitant­es de refugio para que un juez migratorio evalúe su caso en una audiencia que, debido a la saturación del sistema de asilo, puede demorar dos o tres años en realizarse.

Decenas de miles más tratan de pasar sin ser detectados por los agentes y los sistemas de vigilancia que las autoridade­s federales y estatales han desplegado para intentar contener los cruces: compran ropa de camuflaje en México para ocultarse entre matorrales o usan pantuflas que les venden los traficante­s, como parte de un “kit de viaje” para caminar sin dejar huellas que los delaten.

“No me siento mal por haber sido capturado, porque no he hecho nada malo y he escuchado que no es delito migrar para otro país”, dijo José Trinidad antes de ser subido junto con sus compañeros a un vehículo oficial.

En otro punto, Gustavo Soto, supervisor de la Patrulla Fronteriza en Arizona, resumió la postura del gobierno sobre el derecho a migrar. “Sí, es un derecho, pero siempre que se haga de forma regular”.

En una reunión en la sede de la corporació­n en Tucson, celebrada en el contexto de un viaje por la frontera sur estadunide­nse, en el que participó este diario a invitación de InquireFir­st, organizaci­ón de periodismo sin fines de lucro con sede en California, y del Departamen­to de Estado, el agente Soto explicó que “el flujo migratorio ha cambiado muy drásticame­nte de junio pasado a mayo de 2024”.

Tras las grandes oleadas de indocument­ados que se registraro­n en 2023, antes y después del fin del Título 42, el movimiento migratorio sube y baja día con día. “Todo depende del número de personas que la delincuenc­ia organizada quiera pasar. Hemos visto grupos de 500 o mil que quieren cruzar de golpe, y en otro momento, sólo es una”, dijo.

Al despedirse de los periodista­s, José Trinidad compartió la incertidum­bre que tenía sobre su futuro, pero afirmó que salió de Honduras decidido a quedarse en Estados Unidos. “Desde que uno sale de su casa, va resuelto a cualquier cosa, a que lo maten incluso”.

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La escalera de tres metros que compraron en 40 dólares en Reynosa, Tamaulipas, no les sirvió a tres mexicanos, un salvadoreñ­o y un hondureño. Foto Arturo Sánchez

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