Preocupa a la UPN que hasta la próxima legislatura se discuta nueva Ley Orgánica
Profesores-investigadores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) manifestaron que tras la aprobación en la Comisión de Educación del Senado del dictamen por el que se expide la nueva Ley Orgánica que le otorga su autonomía, “tenemos esperanza, pero también preocupación que se tenga que esperar hasta la siguiente legislatura para su discusión en el pleno”.
El investigador Alejandro Arrecillas Casas, de la Unidad-UPN en San Luis Río Colorado, Sonora, señaló que si bien se espera que la nueva Ley Orgánica se apruebe en la Cámara alta, “quizá sea un proceso más dilatado en San Lázaro, pues habría que conocer cómo queda la composición de la Cámara de Diputados, tras la elección del próximo 2 de junio”.
No obstante, indicó que alumnos y profesores que han apoyado y promovido la autonomía “trabajaremos para preparar las condiciones para la elección de los órganos como el Consejo Superior Universitario”, que entre otras atribuciones elegirá y removerá a quien ocupe la rectoría.
Confianza de alumnos
Alumnos de esa casa de estudios en diversos estados confiaron en que “este proceso legislativo continuará en el próximo gobierno, porque fue una promesa de la actual administración, que nuestra universidad pudiera contar con una nueva Ley Orgánica que nos dé autonomía, y con ello la posibilidad de recuperar una identidad propia y mejorar el proyecto educativo de la UPN”.
Arrecillas Casas recordó que la aprobación del dictamen se registró un día antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril, por lo que también se lanzará una campaña informativa para dar a conocer que “se logró destrabar el dictamen en las comisiones del Senado, y ahora debe seguir su proceso en la Cámara de Diputados”.
Indicó que en las sedes estatales y subsedes de la UPN “aún impera un verdadero cerco informativo, pues no se hace difusión de estos procesos que son tan importantes para la vida académica de nuestra institución, lo que también permitiría frenar las campañas negras que buscan generar miedo en el personal académico y administrativos, con falsas especulaciones de que se perderán derechos laborales y prestaciones”.
“Muchos directores no informan nada del proceso. Hay un cerco por desinterés, apatía, o incluso, por protección de privilegios, ya que muchos de quienes ocupan cargos de rectores en los estados responden a los interés de autoridades educativas locales o del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en los estados”, apuntó.