Todo el poder

n su noción de justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se concibe lo mismo agente del Ministerio Público que perito investigador, juez y hasta jefe de información de una sección policiaca. Él decide si hay delito, quién es el culpable, cuáles son las pruebas y qué valor noticioso tiene el hecho.

Desde que el monarca inglés Guillermo II, en el siglo XI, abolió los llamados “juicio por ordalía”, el mundo civilizado ha ido construyendo un sistema en el que la administración de la justicia se realiza al margen de la voluntad de los gobernantes.

En la época de la Ilustración nació una idea que perdura hasta nuestros días: la división de Poderes, con una rama judicial, autónoma del Ejecutivo, cuya tarea es resolver los conflictos entre las personas con base en un conjunto de normas y un sistema de tribunales encargado de interpretarlas y aplicarlas.

Todo eso estorba al presidente López Obrador. En su osadía de echar atrás varios siglos de historia, quiere volverse el único factor para definir el bien y el mal, y lo que conviene a los gobernados, como hacían los reyes en los tiempos bíblicos.

Los meses finales de su sexenio se caracterizan por una radicalización en ese sentido, pues no solamente echa mano de la fuerza política de la Presidencia para señalar a quienes, según él, son culpables –o para perdonar a quienes para él no lo son–, sino que también mandó modificar la Ley de Amparo a fin de restarle a los ciudadanos la posibilidad de defenderse ante el abuso del poder.

Esa maniobra –en la que contó con la complicidad de la obsequiosa mayoría legislativa– aún podría estrellarse en el muro de la Suprema Corte, que tendrá que resolver las acciones de inconstitucionalidad que eventualmente se presenten sobre esa contrarreforma legal.

Sin embargo, debe advertirse que ese último freno al autoritarismo campante podría dar de sí en apenas siete meses cuando toque a la próxima presidenta de la República proponer a un ministro que releve al saliente Luis María Aguilar Morales, pues, dependiendo de quién sea la persona elegida, se podría crear un bloque de cuatro ministros adictos al lopezobradorismo, mediante el cual se bloquearía cualquier recurso para cuestionar la constitucionalidad de una ley.

El viernes pasado, López Obrador hizo el hasta ahora más claro desplante de su gestión para que se note “quién manda aquí”. Con el director de Pemex en el papel de patiño, acusó a la académica María Amparo Casar –compañera de estas páginas– de haber pedido que se manipulara el expediente de la muerte de su esposo, Carlos Márquez Padilla, con el fin de poder cobrar una pensión a esa empresa improductiva del Estado.

Dicha pensión ya le había sido cancelada dos meses atrás, sin aviso ni explicación. Con ello, y con el uso de la tribuna presidencial para lanzar una fatua contra Casar, el Ejecutivo se brincó a todas las instancias jurisdiccionales a las que hubiera tenido que recurrir para probar su dicho y justificar su propósito de dejar a una viuda sin parte de sus ingresos. Por si fuera poco, Pemex ahora quiere cobrarle todo el dinero que ha recibido desde 2005 por concepto de dicha pensión.

Pero el asunto no quedó ahí. La tarde del mismo viernes, mediante una cuenta institucional en redes sociales, el gobierno difundió “los documentos del caso Márquez Padilla”, una acción que fue rápidamente señalada por el Inai como una violación a las garantías que tienen los ciudadanos para proteger sus datos personales.

Para un gobierno que ha despilfarrado 1.7 billones de pesos en Pemex y que ha protegido a los responsables de grandes agravios a la sociedad, como la gestión de pandemia, no cuadra ensañarse con una viuda por un pleito sobre el dinero de su pensión.

Aquí la única explicación posible es la decisión de arremeter, mediante el uso faccioso del poder, contra las investigaciones críticas que Casar ha realizado desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que preside, y en su libro Los puntos sobre las íes, de reciente aparición.

Hoy van por ella. Mañana pueden hacerlo contra cualquier otro que ose cuestionar al gobierno. La ciudadanía tendrá que decidir si ese es el tipo de régimen en el que quiere vivir.