AMLO Y SU REFORMA VS. LA EXTORSIÓN
Extendida en Latinoamérica y convertida en uno de los tres delitos más frecuentes junto al fraude y el asalto en territorio mexicano, la extorsión fue recuperada enfáticamente en la propuesta de reformas constitucionales enviadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa reconoce el impacto patrimonial y emocional provocado por una de las modalidades de los extorsionadores: la presencial, también llamada “derecho de piso”. El punto es erradicar la impunidad con el fortalecimiento de la capacidad y la magnitud de la imposición de penas.
Claudia Sheinbaum inició, como Jefa de Gobierno, un tránsito contundente contra la extorsión digital y presencial al señalar y perseguir directamente a organismos colombianos y de mexicanos responsables del “gota a gota” en enero y febrero de 2019, lo mismo que hizo con el esquema extorsivo de los montadeudas en agosto de 2022; ella fue la única gobernante en todo el mundo en enfrentarlos abiertamente.
Martí Batres, ahora líder del gabinete de seguridad de la CDMX, ha continuado con esa prioridad en la operación antidelictiva. Ayer, al final del reporte de seguridad —el cual, por cierto, revela una disminución de 64 por ciento en delitos de alto impacto— aludió a la extorsión y la iniciativa de AMLO.
Un análisis del Global Financial Integrity estima que sólo en el Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) cada año más de 330 mil personas son víctimas de extorsión. En México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 10 mil 333 carpetas de investigación.
La propuesta presidencial es de reconocerse porque atiende uno de los factores para el combate de todo tipo de delitos, en especial los de mayor impacto en la sociedad: instrumentar herramientas legales para incrementar el costo del delito en los delincuentes e inhibir su actividad. En la medida en que se percibe mayor riesgo, no solamente por el derecho positivo sino por las detenciones de las cuales hubo una docena la semana pasada, hay un consecuente alejamiento delincuencial.
Incremento de la extorsión y de la violencia con la cual se lleva a cabo golpean a los más pobres, “por lo que es necesario que esta conducta se incluya como delito que merece prisión preventiva oficiosa”, señala la iniciativa, lo cual colocaría al país a la vanguardia en su combate.
¿Tendrá la oposición elementos para regatear respaldo a reformas encaminadas a limitar la actividad de los extorsionadores?
La extorsión es un delito en 95 por ciento de los casos prevenible. De acuerdo con los reportes al Consejo Ciudadano de la CDMX —contra este ilícito opera la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza, 55 5533 5533, y la app No+Extorsiones con la posibilidad de bloquear más de 488 mil números de extorsionadores—, 94 por ciento de los casos quedan en tentativa.
Dotar de instrumentos legales amplía las posibilidades de reducir la incidencia delictiva.