Diputados exigen a ASF auditar a la SSP de Campeche
Pablo Angulo Briceño Presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en San Lázaro
A RAÍZ DE LAS PROTESTAS de policías y ciudadanos contra el Gobierno de Campeche y sus decisiones en materia de seguridad, diputados federales presentaron una denuncia para exigir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que audite los recursos que en ese estado se destinan al rubro de seguridad.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en San Lázaro, el priista Pablo Angulo Briceño, criticó la situación que se vive en su entidad que, dijo, “siempre se ha caracterizado por ser un estado de paz, tranquilidad y lamentablemente hoy un gobierno que no escucha, un sistema de justicia que en lugar de atender las necesidades del pueblo campechano, simple y sencillamente se dedica a perseguir opositores”.
UNIFORMADOS de Campeche exigen respeto a sus derechos laborales, condiciones de trabajo dignas y la destitución de la secretaria de Seguridad Pública local, Marcela Muñoz.
Ante esto, comentó que legisladores presentaron ante la Comisión la solicitud para que se auditen los recursos relativos a la seguridad. Ahora se está a la espera de una respuesta de la Auditoría para que se practique la evaluación correspondiente.
Al afirmar que se ha cometido desvío de recursos sería “poco ético”, el priista recalcó que el ente fiscalizador es quien tiene la facultad para determinar si hubo o no anomalías.
“Hemos solicitado ya a la Auditoría Superior de la Federación en una denuncia, que se realice una auditoría a los recursos de seguridad pública del estado de Campeche, para determinar si es o no correcto lo que han señalado la policía, que no se ha ejercido el recurso de manera clara, que no hay equipos de la policía, no se ha comprado nuevo armamento, no se ha adquirido lo básico que necesita la policía y que, por supuesto, hay recursos destinados para eso”, declaró en entrevista.
Sobre lo aprobado en la sesión de la Comisión, aclaró que únicamente se trata de reformas para armonizar el marco legislativo con el que se dictan a la Unidad de Evaluación y Control de la ASF facultades para sancionar a servidores públicos que no realicen su trabajo.
“El compromiso que hemos hecho con la UEC es darle todas las herramientas que necesita y no queremos que haya un solo pretexto para decir que no se puede combatir la corrupción y eso es lo que hoy finalmente hicimos, después de 10 años de que no se había adecuado el reglamento”, dijo.