Alemania multa a empresa de armas
Algunos de esos fusiles habrían sido utilizados en los supuestos asesinatos de los 43 normalistas en Iguala
La justicia alemana confirmó ayer la condena a la empresa fabricante de armas Heckler & Koch por la venta ilegal de miles de fusiles a cárteles del narcotráfico en México. El fabricante, cuyo volumen de negocios en 2019 fue de 239 millones de euros (cinco mil 766 millones de pesos), tendrá que pagar una multa de más de tres millones de euros (72 millones de pesos), decidió la Corte Federal de Justicia de Karlsruhe.
El tribunal también confirmó las penas de cárcel en suspenso para dos extrabajadores de la empresa.
La corte rechazó las demandas de revisión interpuestas por la fiscalía, los acusados y las empresas tras el proceso del tribunal regional de Stuttgart de 2019.
El fallo del martes también confirmó la absolución de otros tres acusados por el tribunal de Stuttgart.
La empresa de armas había vendido entre 2006 y 2009 unos cinco mil fusiles de asalto G36 en provincias mexicanas bajo control de los cárteles de la droga.
El monto total de estas ventas, efectuadas a través de certificados de venta falso, fue valuado en unos 4.1 millones de euros (99 millones de pesos).
Algunas de estas armas habrían sido utilizadas, según la acusación, por policías involucrados en la muerte de seis estudiantes mexicanos. También se habrían empleado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, en septiembre de 2014.
En aquel entonces, Alemania autorizaba las exportaciones de armas a México, excepto en aquellas provincias marcadas por el peso de los cárteles, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado el 9 de febrero pasado, la Coordinación alemana por los derechos humanos en México consideró que este proceso legal tenía una importancia fundamental para todo el sector armamentístico alemán.
“Estas armas no se deberían haber exportado a México si se quiere evitar que se cometan delitos y violaciones de derechos humanos con ellos… Las personas afectadas siguen esperando que la sentencia del tribunal de Stuttgart sea publicada. Sólo entonces podrán llevar ante los tribunales a los responsables por estos hechos en México”, dijo Carola Hausotter, coordinadora de la organización.