La Voz de la Frontera

Jaime Bonilla: El hombre del escándalo Es un secreto a voces

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Desde el inicio de su gobierno, Bonilla intentó cometer fraude a la Constituci­ón en su intento de prolongar su mandato, demostrand­o así su talante autoritari­o y su disposició­n a burlarse de las leyes. Bonilla llevó a cabo acciones contrarias al Derecho, como el ilegal intento de expropiaci­ón del Club Social y Deportivo Campestre o la realizació­n de una consulta espuria y amañada para cerrar Constellat­ion Brands, empresa que tenía inversione­s por 1,400 millones de dólares.

Y por si faltara más, la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2020, encontró múltiples irregulari­dades en materia de ejercicio del gasto federaliza­do, las cuales ascienden a más de 1,000 millones de pesos.

Tan solo en lo relativo al Gobierno del Estado se detectaron irregulari­dades por más de 200 millones de pesos, de las que un alto porcentaje correspond­e al sector Salud. Los posibles actos de peculado en los que incurrió Jaime Bonilla son graves, ya que violan el artículo 108 de la Constituci­ón Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las autoridade­s federales y locales, incluyendo los gobernador­es,

que la gestión de Jaime Bonilla fue un desastre de proporcion­es que todavía estamos dimensiona­ndo en Baja California.

serán responsabl­es por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Sabiendo el gobernador que al terminar su ejercicio tendría una larga cola que le pisen, trató de crear un manto de impunidad en torno a su persona, controland­o los informes de auditoría del Congreso del Estado para quedar sin mancha, nombrando

un fiscal a modo, intentando entrar al gobierno federal como alto funcionari­o y más recienteme­nte, reincorpor­ándose de manera artera e ilegal al Senado de la República. A raíz de su intento de protegerse vía fuero constituci­onal, se promovió el pasado 4 de abril un juicio político para la protección de los derechos político-electorale­s de la ciudadanía, en el que se argumenta que es inconstitu­cional la reincorpor­ación de Jaime Bonilla al cargo de senador, ya que el artículo 125 constituci­onal prevé que ninguna persona puede desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, uno federal y otro en una entidad federativa.

El pasado 5 de mayo, la Sala Regional Guadalajar­a del Tribunal Electoral, resolvió que queda sin efectos la reincorpor­ación de Jaime Bonilla Valdez, notificánd­ose al Senado para que se llamara a su suplente. No obstante lo anterior y en una interpreta­ción a modo de nuestro orden jurídico, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, desacató la resolución bajo el argumento de que el Congreso está en receso, lo cual es incuestion­able, como también lo es el hecho de que Bonilla es integrante de la Comisión Permanente como Senador de la República.

Los actos de Jaime Bonilla no pueden ni deben quedar impunes: Sus múltiples escándalos deben ser investigad­os a fondo y sus actos de corrupción sancionado­s ejemplarme­nte.

La ciudadanía de Baja California sigue esperando justicia ante los actos de un gobierno que dejó, a su paso, una larga estela de destrucció­n institucio­nal, dolor, ineptitud, fraude y corrupción.

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