Reservan nombres de subprocuradores
Determinó que acatar la orden podría afectar las atribuciones de la Fiscalía al revelar diversos datos La tibia cruzada de la ASF
CDMX. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reservar los nombres y cargos del personal de la Fiscalía General de la República (FGR) señalados por presuntos delitos como tortura, desaparición forzada, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El fallo de la Corte, que obtuvo siete votos a favor y tres en contra, eliminó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dictada el 28 de agosto de 2019, en la que ordenaba a la Fiscalía publicar datos de agentes del Ministerio Público, de la Policía Federal Ministerial y peritos.
De acuerdo con el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, los datos fueron solicitados por un ciudadano que presentó una solicitud de acceso a la información pidiendo los nombres y los cargos de todo el personal adscrito a diversas subprocuradurías de la fiscalía.
De manera específica pidió los datos de integrantes de la Subprocuraduría de Control Regional, Subprocuraduría de Delitos Federales, Subprocuraduría de
LA FGR
promovió un juicio de controversia constitucional que fue aceptada bajo el expediente 325/2019
Derechos Humanos y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En su respuesta la FGR negó la entrega de la información relacionada con el personal sustantivo y administrativo de la SEIDO bajo el argumento de que “se pondría en riesgo la integridad de las personas”.
Por ello la FGR promovió un juicio de controversia constitucional que fue aceptada bajo el expediente 325/2019. En su proyecto Laynez proponía mantener la publicación únicamente de los nombres del personal administrativo de la Seido, pero cinco ministros rechazaron dicha petición.
En respuesta, el Inai lamentó el fallo ya que considera que mina el derecho de acceso a la información y sienta un mal precedente para la inatacabilidad de sus resoluciones.
La Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, mantiene viva la cruzada de denunciar a los participantes del considerado mayor acto de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra, mientras se acumula en la oficina de la Unidad de Asuntos Jurídicos una gran pila de expedientes de la presente administración que, a pesar de contar con los elementos necesarios para procesar penalmente a funcionarios amloístas, están muy lejos de llegar a las manos del Ministerio Público.
De acuerdo con las propias estadísticas de la ASF, las únicas denuncias que se han presentado en 2022 sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos se refieren precisamente a ese esquema de contratación de las universidades públicas, para que éstas a su vez subcontrataran y transfirieran los capitales a empresas fachada. Son tres las querellas que se presentaron entre el 23 y 30 de marzo pasados, en las que se señalan irregularidades por más de 110 millones de pesos en convenios de la Sedatu con la Universidad Politécnica del Centro en Tabasco y el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, en Veracruz.
Las mencionadas denuncias se desprenden de las Auditorías DN18006 y 209-DS, correspondientes a los ejercicios presupuestales del periodo 2015-2018; es decir, durante la gestión de la hoy detenida Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Se confirma entonces que, a tres años de convivir con la administración de Andrés Manuel López Obrador, el equipo que comanda Colmenares Páramo prefiere no tocar a los nuevos funcionarios, a pesar de que los tiempos legales lo obligan a denunciar las irregularidades encontradas por lo menos en la Cuenta Pública 2019.
Según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el período para que los funcionarios, señalados por irregularidades en la Cuenta Pública 2019, solventen sus respectivos temas ante el órgano fiscalizador concluyeron a finales del año pasado, por lo que ya deberían haber denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos, a menos que el primer año de gestión de la administración morenista haya sido tan transparente que no existan delitos que perseguir, algo que se antoja imposible según la propia Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo.
Adicionalmente, han llegado hasta la propia FECC una decena de denuncias ciudadanas, cuyo sustento son los propios Informes que la ASF ha hecho públicos en su página de internet. El denunciante es quien se desempeñó hasta hace unos meses como Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, el mismo que renunció a su puesto en noviembre de 2021, inconforme por las modificaciones que realizó al Reglamento Interno de la ASF el círculo cercano a Colmenares, con miras a reservar a la Auditoría Especial de Seguimiento la facultad de denunciar posibles daños al erario.
Se recuerda que, en una carta enviada a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el exauditor alertó sobre los candados que se impusieron a sus auditores para presentar denuncias penales, y sobre el poder que se otorgó a Nemesio Ibáñez Aguirre, Auditor Especial de Seguimiento, para ser el único con capacidad para decidir los asuntos que se llevarían ante el Ministerio Público. Fuera de la ASF, Lozano Dubernard ha convertido en denuncias sus propias investigaciones sobre el robo de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil Federico Gómez y también sobre irregularidades en Segalmex.