EN DEFENSA DE TEXCOCO ¿FLORA Y FAUNA O CULTIVOS?
CAMPESINOS DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL LAGO SE APONEN A LA DECLARATORIA DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA PORQUE, ARGUMENTAN, LOS DEJARÁ SIN MANERA DE SUBSISTIR, POR EL OTRO LADO LAS AUTORIDADES TRATAN DE PROTEGER ANIMALES Y PLANTAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
San Salvador Atenco, Edomex. Los vecinos de San Cristóbal Nexquipayac, San Miguel Tocuila y San Salvador Atenco, quienes viven cerca del Lago de Texcoco, aclaran que las comunidades de esta zona no se sienten dueñas de este cuerpo de agua, pero la declaratoria de área natural protegida (ANP) impactará en su modo de vida. De ahí el conflicto en la zona.
María Leticia Peláez Cuevas y Humberto Elizalde, ejidatarios de Nexquipayac y Tocuila, explican que la declaratoria emitida por el Gobierno federal el 22 de marzo, cambia de manera flagrante el destino de la tierra y deja la zona para el desarrollo de actividades de turismo de bajo impacto ambiental; algo con lo cual no están de acuerdo, ya que desde hace más de un siglo se han dedicado al cultivo.
“El turismo no es, ni nunca ha sido nuestra fuente de trabajo, y la otra razón es que el turismo sería de la Ciudad de México y la zona conurbada, lamentablemente está demostrado que es un turismo altamente contaminante”, destacan.
El decreto de ANP no los despoja de sus tierras, sin embargo, aseguran que los limita en cuanto a lo que pueden y lo que no pueden sembrar en sus parcelas, acto que, señalan, es anticonstitucional.
“Desde hace más de un siglo, en nuestras tierras que son usufructuadas desde el tiempo de nuestros bisabuelos, se siembra maíz, alfalfa, trigo, avena y cebada. Actualmente hay muchos ejidatarios dentro de la poligonal que tienen huertos de hortalizas e invernaderos donde están sembrando jitomate, cilantro y zanahoria”.
“Ahora, con la declaratoria sólo podrán sembrar espirulina, romeritos y otras especies que no servirán para el ingreso de las familias, también limitó el pastoreo porque la pezuña del animal al caminar y al arrancar la hierba para comer va raspando la tierra y en ese sentido se convierte en un sistema antiambiental”, detalla María Leticia.
Los campesinos afectados consideran que la declaratoria como área natural protegida no debe ser, porque viola la constitucionalidad al cambiar el destino de la tierra y es privativo del derecho de propiedad y posesión, además de que viola la personalidad jurídica constitucional, atentando contra el núcleo de población ejidal con sus usos y costumbres, así como la psicología social de sus pueblos.
TRAMITAN AMPAROS
La declaratoria de ANP en su Artículo Tercero apartado VII indica: Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, entre otras, se realizarán únicamente en las subzonas en que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, permitan el desarrollo de tales actividades, procurando en todo momento la conservación de los ecosistemas y especies de vida silvestre existentes en el área, y tendiendo paulatinamente a la eliminación del uso de agroquímicos como el glifosato, y sustituirlos por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas; así como evitando el sobrepastoreo y se fomente la regeneración de la vegetación natural, según corresponda.
María Leticia Peláez explica que se trata de un decreto presidencial que marca sólo obligaciones y cambia de destino la zona urbana, la parcelada y la de uso común, lo cual no les permite el cultivo de la tierra como ha sido tradicional desde hace más de un siglo; además que le atribuye la capacidad de administrar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ignorando las atribuciones y derechos del núcleo de población ejidal con sus características constitucionales.
Los ejidatarios de Atenco, Tocuila y Nexquipayac afirman desconocer si actualmente el Lago de Texcoco se encuentra en litigio. Pero los comuneros de Tocuila y Nexquipayac precisaron que ya tramitaron amparos y en el caso del ejido de Nexquipayac, ya les fue concedida una orden de suspensión provisional.
Peláez Cuevas, ejidataria de Nexquipayac, relata que el 5 de abril de 2022 acudieron a los juzgados de Distrito en Nezahualcóyotl para interponer un amparo colectivo, donde 371 ejidatarias y ejidatarios solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Decreto Presidencial emitido por el Ejecutivo Federal.
“Hemos interpuesto amparos porque indebidamente fuimos notificados mediante edictos en el Diario Oficial de la Federación, de fechas 2, 3 y 4 de marzo de 2022, lo cual es ilegal, ya que dichas publicaciones no cumplen con los requisitos de procedibilidad establecidos en el Artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, no se respeta el periodo de intervalo entre la primera publicación y las siguientes que debe ser de siete en siete días, y estos se publicaron tres veces durante tres días seguidos”, detalla.
Para el jueves 7 de abril, ejidatarios lograron la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; esto es para que no se ejecute el prejuicio del ejido quejoso, de sus propiedades, posesiones o derechos, acto alguno tendiente a la ejecución del decreto presidencial. Ahora están en espera de la audiencia.
Por su parte, los comuneros de Tocuila explican que el martes 11 de mayo acudieron también a los juzgados de Distrito en Nezahualcóyotl para interponer un amparo a fin de solicitar la desincorporación a la declaratoria de ANP de sus parcelas.
Los comuneros de los tres ejidos aseguran que actualmente no cuentan con estudios agrícolas, ambientales y de sustentabilidad, pero en las próximas semanas acudirán hasta sus parcelas especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a quienes solicitaron los asesoren con estos temas.